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Motorista de empresa de lácteos se unió con pandilleros para extorsionar a empresario y es condenado a 11 años de prisión

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Un repartidor de quesos de la Pandilla 18 fue condenado, junto con otro de sus secuaces, a 11 años de prisión luego de exigir miles de dólares a un empresario en una colonia de San Salvador.

Por seis meses Óscar Armando Zavala, de 29 años de edad, y William Rodríguez, de 20, tuvieron ingresos de $3,000 producto de las amenazas realizadas al propietario de un negocio de la capital.

Las investigaciones señalan que Zavala intercalaba su tiempo como motorista de una empresa privada con su faceta de delincuente la cual desarrolló cuando conoció a Rodríguez, un pandillero.

Se les decomisó teléfonos celulares, la motocicleta y el dinero que previamente fue seriado por los investigadores.

Si ningún grado académico, casi un completo analfabeta, el motorista pasó de llevar una vida con $340 mensuales a los lujos que el cobro de la extorsión le dejaba a él y a su cómplice.

La extorsión

El 17 de julio del 2017, un grupo de pandilleros interceptó a uno de los empleados del empresario para que le llevara un número de teléfono al que se debía de comunicar, de no hacerlo los delincuentes iban a atentar en su contra.

En la llamada obligada que hizo el empresario, los delincuentes le exigieron un pago de $3,000 que tendría que entregar a final del mes. Asustado, la víctima accedió a la petición y dio el monto exigido. Por seis meses esto se convirtió en rutina.

La paciencia del empresario llegó hasta el 22 de febrero de 2018 cuando interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades que montaron un operativo para dar con los extorsionistas.

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Los delincuentes al parecer tuvieron un antojo y le exigieron $150 al empresario quien fue suplantado por un agente que llegó con el paquete a una cancha en la colonia 4 de Abril, en San Salvador.

A la cita con el investigador encubierto llegó Giovanni B., quien tras recibir el dinero salió corriendo hasta una motocicleta que era conducida por Zavala para dirigirse hasta donde se encontraba Rodríguez a quien le entregaron el paquete.

Los delincuentes no se habían percatado que en el paquete recibido no había dinero y antes que eso ocurriera los investigadores los interceptaron en los estrechos pasajes de la referida colonia de la que no pudieron escapar.

Solo dos fuerobn procesados

A los imputados se les decomisaron teléfonos celulares, una motocicleta y el dinero que previamente fue seriado por los investigadores.

De los tres señalados solamente dos llegaron a la etapa de sentencia en la que sus abogados defensores señalaron que no había ninguna prueba que vinculara a sus clientes con las amenazas al empresario.

El Salvador Times consultó a los fiscales del caso los motivos que se tenían para que Giovanni no fuera procesado y de manera escueta explicaron que él había sido asesinado en noviembre de 2018.

Tras varias horas del desfile probatorio, el juez dio por cerrado los debates y una corta deliberación los condenó a 11 años de prisión. Zavala seguirá resguardado en “La Esperanza”, mientras que Rodríguez continuará en el centro de penal de Quezaltepeque.  

Nota tomada de El Salvador Times

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Autoridades piden seis años de cárcel para diputado desaforado Erick García

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En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.

Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.

García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.

Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.

Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.

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Exdiputado del FMLN y familia enfrentan juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.

El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.

En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.

A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.

En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.

A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.

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Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.

«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.

Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.

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FGR logra penas de hasta 180 años de cárcel para pandilleros de la MS

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La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.

En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.

Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.

Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.

Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.

Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.

Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.

Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.

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Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.

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