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Ministro de Obras Públicas: “Los segmentos I y II del Bypass de La Libertad ya fueron finalizados, y el III se prevé concluya en el primer trimestre de 2021”
Los segmentos I y II de esta obra ya fueron finalizados, y el tercero se prevé concluya en el primer trimestre de 2021, aseguró el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
«Los tiempos para llegar a las playas de La Libertad van a mejorar, y para el transporte de carga. Generará oportunidades de desarrollo para nuestro país (…) Beneficiará la economía y el turismo», inició el titular de Obras Públicas.
El costo total de esta obra es de $61 millones. Señaló que el Gobierno del FMLN la había dejado en el abandono. «Desde el Gobierno del Presidente Nayib Bukele lo tomamos y lo construimos», aseguró.
Dijo que a la empresa que había sido adjudicado el proyecto, el Gobierno del FMLN entregó $5 millones en concepto de anticipo, sin haber cumplido con los términos del contrato. «El contrato decía que debía tener un 25 % de avance para entregar el 30 % de anticipo».
Explicó que la empresa no había entregado el diseño de la obra y, por lo tanto, tampoco había avances en el proyecto. El Gobierno logró recuperar los $5 millones que se habían entregado en anticipo.
En otro tema, Rodríguez lamentó que la Asamblea Legislativa continúe sin ratificar los fondos donados por el Gobierno de Alemania, que ascienden a $26 millones más una contrapartida de $2 millones del Gobierno de El Salvador.
Explicó que los fondos deben dar dos vueltas, una para aprobación y otra para ratificación. En noviembre de 201.º fueron aprobados, sin embargo, aún no han sido ratificados.
Los fondos estarían destinados a obras de mitigación y reducción de vulnerabilidad, sin embargo, los diputados modificaron el destino de estos a otro tipo de obras no relacionadas, lo cual fue rechazado por el Gobierno alemán.
El Gobierno salvadoreño contempla ejecutar los fondos en la residencial Santa Lucía y Brisas de San Francisco, entro otros, que están en condición de vulnerabilidad y han sufrido daños por las lluvias.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
