Nacionales
Ministro de Hacienda: «Hemos ido a presentar préstamos a la Asamblea con tasas de interés bastantes bajas y con periodos de gracia con mejores condiciones respecto a otros países, pero siguen sin dar resultados»
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, lamentó que la Asamblea Legislativa se mantenga en la labor de bloquear la asignación de fondos, que ya fueron ratificados por el órgano legislativo, y que deben ser desembolsados en función de la población salvadoreña.
“Hemos ido a presentar préstamos a la Asamblea con tasas de interés bastantes bajas y con periodos de gracia con mejores condiciones respecto a otros países, pero siguen sin dar resultados”, resaltó el ministro Zelaya durante la entrevista.
Aseguró que ha explicado en diversas ocasiones que el país ha tenido un incremento de gastos, como cualquier otro en el marco de la pandemia por COVID-19. “Para tener fondos buscamos donaciones y préstamos para lograr salir adelante”, agregó.
“Nosotros hemos explicado que tenemos 70% de endeudamiento respecto al PIB del país. Hemos sido responsables con el financiamiento que buscamos porque ha sido con intereses bajos y a plazos favorables”, apuntó. No obstante, la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto solicita nuevas reuniones en las que solicitan explicaciones sobre los gastos pero “al final solo quieren hacer perder el tiempo”, expresó.
El ministro Zelaya aseguró que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele orientará los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $250 millones, a Salud, ayudar a emprendedores, empresarios, viveristas, productores agrícolas; incluso se reorientaron $55 millones para la ejecución de FOMILENIO II, pero lamentó que para la Asamblea Legislativa continua sobreponiendo sus intereses.
«Necesitamos urgentemente la asignación presupuestaria sin excluir veteranos y excombatientes ni productores agrícolas, pero parece que los diputados insisten en excluirlos”. reiteró. “Los efectos del virus no han terminado. Los efectos económicos continúan y los señores diputados siguen con su actitud y el país no puede seguir bajo este ritmo”, continuó.
En el tema FOMILENIO II, Zelaya sostuvo: “Es necesario que los señores diputados pongan de su parte. Estamos a una semana de perder los fondos del milenio porque ellos no se ponen de acuerdo”. Reveló que la fase de ejecución del FOMILENIO II vence el próximo 8 de septiembre, «y los señores diputados todavía no se ponen de acuerdo en la asignación de fondos», comentó.
Sobre el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), el ministro de Hacienda especificó que, de los $250 millones del préstamo del BID, se ha asignado montos para entregar este recurso a las municipalidades pero será hasta que “los señores diputados nos asignen los fondos que estamos gestionando”.
En otro tema, el titular de Hacienda fue enfático en que el Gobierno del Presidente Bukele no tolerará la evasión de fiscal y sostuvo que van a seguir presentando los casos ante la Fiscalía General de la República.
“Yo no puedo permitir que mientras unos pocos empresarios mezquinos les esté yendo bien, a toda la economía del país le vaya mal”, aseveró. «La evasión fiscal es una forma de robo silenciosa», declaró. Determinó que debido a ese mal proceder, continuará la exposición pública de «gente y empresarios que se llenaban sus bolsillos y no pagaban impuestos”.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero de la MS-13 en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con la institución, durante la intervención los agentes identificaron tatuajes en el cuerpo del detenido alusivos a la estructura criminal. Asimismo, al inspeccionar el teléfono celular que portaba, encontraron varias imágenes que lo vinculaban con la pandilla, entre ellas fotografías en las que presuntamente aparecía realizando señas alusivas a la organización y presumiendo su pertenencia a la misma.
El capturado fue identificado por las autoridades como Santos Humberto Pineda, de 25 años de edad, señalado como homeboy de la MS-13.
La PNC informó que al detenido le fue incautado el teléfono celular y será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
