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Ministerio de Seguridad entrega vehiculos incautados a la PNC
Foto: Cortesía
Fortalecer al personal de seguridad para seguir combatiendo a las pandillas terroristas y otras bandas del crimen organizado son parte de las misiones que tiene el actual Gobierno, muestra de ello es que este jueves, el ministerio de Seguridad entregó más de 100 vehículos a la Policía Nacional Civil para que sigan combatiendo al crimen.
Las autoridades explicaron que estos vehículos fueron incautados a estructuras delictivas y están valuados en aproximadamente un millón de dólares.
«La institución policial se fortalece, estamos recibiendo más de 100 vehículos particulares incautados a estructuras criminales», afirmó el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas.
«Esta es la segunda ocasión que los recursos del crimen pasan a la Policía para seguir combatiendo al crimen», destacó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Estos nuevos recursos son parte de los logros en incautaciones que han tenido las autoridades en los últimos meses bajo el régimen de excepción, medida que ha permitido debilitar y desarticular a las maras en El Salvador, al encarcelar a más de 52,000 de sus integrantes.
Fortalecimiento en seguridad
El Plan Control Territorial (PCT), estrategia de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele en junio de 2019, que incluye diferentes fases y que tiene como principal propósito «garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población», incluye el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad con nuevos y mejores recursos y tecnología.
Año tras año, el Gobierno ha gestionado y dotado de nuevo y mejorado equipo al personal policial y de la Fuerza Armada, además de dignificar su trabajo con incentivos y mejores condiciones de descanso, entre otros.
Brindar herramientas para defensa y recursos tecnológicos a policías y soldados ha sido esencial. Chalecos, fusiles, armas, vehículos, drones, botas, uniformes, visores nocturnos, cinturones, lámparas, porta cargadores y cargadores son parte de los nuevos accesorios y armamento que se ha entregado en los últimos años.
Bartolo Valle Lemus, pasará 30 años en prisión tras ser condenado por el homicidio agravado de una víctima y por portar ilegalmente el arma que utilizó para consumar el crimen.
Este hecho ocurrió en enero del 2017, en el cantón El Cacao, distrito de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango.
Según las investigaciones, luego de una discusión con la víctima por rencillas personales, el imputado sacó su arma de fuego y le disparó cuando se dirigía a su casa.
En la vivienda del ahora condenado, las autoridades hallaron el arma que utilizó para cometer el homicidio, además no tenía ninguna documentación legal de tenencia y portación.
Como parte del diplomado de Anticorrupción Aduanera, la Escuela de Capacitación Judicial del Concejo Nacional de la Judicatura (CNJ), desarrolló una jornada práctica en las instalaciones de la Aduana de San Bartolo, Ilopango en San Salvador Este.
En esta actividad participaron magistrados y jueces con competencia en materia Penal, personal de la Fiscalía General de la República, de la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda y capacitadores del CNJ.
De acuerdo a la institución formadora, «esta experiencia permitió fortalecer la comprensión de los procedimientos aduaneros y su marco normativo, potenciando la toma de decisiones en el ejercicio profesional».
Dos inmuebles utilizados para almacenar medicamentos irregulares fueron allanados esta tarde por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de un operativo contra la distribución ilegal de fármacos.
Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron medicamentos sin registro sanitario y con viñetas falsas, según informó la FGR.
Las diligencias se derivan de la captura de Allan Balmore Méndez, detenido mientras transportaba cajas de fármacos de dudosa procedencia.
De acuerdo con el Ministerio Público, estos productos eran distribuidos en tiendas y farmacias a nivel nacional, utilizando etiquetas falsificadas de laboratorios reconocidos que no han autorizado su fabricación ni comercialización.
Las investigaciones continúan y las autoridades no descartan nuevas capturas.
