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Ministerio de Seguridad entrega vehiculos incautados a la PNC
Foto: Cortesía
Fortalecer al personal de seguridad para seguir combatiendo a las pandillas terroristas y otras bandas del crimen organizado son parte de las misiones que tiene el actual Gobierno, muestra de ello es que este jueves, el ministerio de Seguridad entregó más de 100 vehículos a la Policía Nacional Civil para que sigan combatiendo al crimen.
Las autoridades explicaron que estos vehículos fueron incautados a estructuras delictivas y están valuados en aproximadamente un millón de dólares.
«La institución policial se fortalece, estamos recibiendo más de 100 vehículos particulares incautados a estructuras criminales», afirmó el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas.
«Esta es la segunda ocasión que los recursos del crimen pasan a la Policía para seguir combatiendo al crimen», destacó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Estos nuevos recursos son parte de los logros en incautaciones que han tenido las autoridades en los últimos meses bajo el régimen de excepción, medida que ha permitido debilitar y desarticular a las maras en El Salvador, al encarcelar a más de 52,000 de sus integrantes.
Fortalecimiento en seguridad
El Plan Control Territorial (PCT), estrategia de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele en junio de 2019, que incluye diferentes fases y que tiene como principal propósito «garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población», incluye el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad con nuevos y mejores recursos y tecnología.
Año tras año, el Gobierno ha gestionado y dotado de nuevo y mejorado equipo al personal policial y de la Fuerza Armada, además de dignificar su trabajo con incentivos y mejores condiciones de descanso, entre otros.
Brindar herramientas para defensa y recursos tecnológicos a policías y soldados ha sido esencial. Chalecos, fusiles, armas, vehículos, drones, botas, uniformes, visores nocturnos, cinturones, lámparas, porta cargadores y cargadores son parte de los nuevos accesorios y armamento que se ha entregado en los últimos años.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
