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MIDES denunciará a alcaldesa de Apopa por los delitos de malversación de tasas municipales y desobediencia a orden judicial
De acuerdo al apoderado legal de MIDES, la municipalidad de Apopa dirigida por la alcaldesa Jennifer Esmeralda Juárez, no sólo sigue sin cumplir con el pago por el servicio de disposición final de basura al que fue condenada por sentencia del Tribunal Arbitral la cual asciende a más de $1,7 millones de dólares, sino que también continúa acrecentando la deuda pues tampoco paga la totalidad de la factura mensual, de manera que ya debe $100 mil dólares más y la deuda se sigue acrecentando.
A pesar del total adeudado, el apoderado expresa que MIDES sigue prestando diariamente el servicio de disposición de la basura recolectada en el municipio que es depositada en el relleno sanitario.
La deuda de la Alcaldía de Apopa inició en la administración anterior y ante el incumplimiento de pagos se ejerció el reclamo por la cláusula de arbitraje, el cual fue ganado por MIDES, que inició las diligencias para hacer efectivo el total del monto, de manera que el juzgado de lo civil de Apopa declaró su ejecución forzosa y ordenó a la alcaldesa incorporar el pago del monto total en el presupuesto 2022 lo que fue incumplido por la alcaldesa, lo mismo ocurrió en el presupuesto 2023 donde tampoco acató la resolución judicial, por lo que se ha pedido al juzgado de Apopa que certifique la “desobediencia” de mandato judicial en que ha incurrido la titular del municipio.
“De acuerdo al monto adeudado es claro que la municipalidad de Apopa, de la cual es titular la alcaldesa Jennifer Esmeralda Juárez, ha estado desviando los fondos recaudados en concepto de la tasa que es exclusiva para la disposición final para otros fines, lo que constituye una malversación, es por esa razón que hemos decidido también interponer una denuncia por este delito”, apuntó el abogado.
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Experto migratorio mantiene esperanza: “Puede haber renovación del TPS si Bukele logra un acuerdo con Trump”
A menos de un mes del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, programado para el 9 de septiembre de 2026, el experto migratorio y director de SOS Inmigración, Reynaldo Alvergue, expresó que todavía existe posibilidad de una renovación. En declaraciones recientes, el especialista subrayó que todo depende de gestiones diplomáticas de alto nivel y que, mientras no exista un anuncio oficial del gobierno estadounidense, no se puede dar por terminado el beneficio.
Tres citas clave de Reynaldo Alvergue
- Sobre la posibilidad de renovación “La verdad que sí yo tengo esperanzas que sí pueda suceder una renovación. Como es una orden ejecutiva, dependerá mucho en estos 30 días que faltan, casi 60, que el presidente de El Salvador (Nayib Bukele) lograra un acuerdo o convenciera o cambiara de opinión al presidente Trump”.
- Sobre la necesidad de esperar el anuncio oficial “Yo sí tengo fe, tengo fe que algo podría pasar en estos días, pero hay que esperar hasta que esté el anuncio oficial, mientras no haya anuncio oficial, pues, no podemos dictaminar qué hacer con los salvadoreños”.
- Sobre el fallo judicial de inicios de agosto “Porque como todavía no hay un anuncio oficial, solo nada más que el juez dijo que autorizaba que el gobierno continuara con la cancelación. Canceló la oportunidad que los permisos siguieran vigentes”.
Alvergue también recomendó a los beneficiarios buscar asesoría legal especializada para explorar otras vías de ajuste de estatus mientras se aclara el panorama.
Contexto y situación actual del TPS
El TPS para El Salvador fue designado el 9 de marzo de 2001, tras los terremotos de enero y febrero de ese año. La última prórroga, aprobada en enero de 2025, extendió la vigencia hasta el 9 de septiembre de 2026. Se estima que unas 170.000 personas se encuentran amparadas bajo este estatus, muchas de ellas con más de 25 años residiendo y trabajando en Estados Unidos.
Según datos de organizaciones como FWD.us y la National TPS Alliance, estos trabajadores aportan aproximadamente 5.400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de 1.500 millones en impuestos federales, estatales y locales. Sectores como construcción, transporte, manufactura y servicios de alimentación concentran una parte importante de esta fuerza laboral.
En las últimas semanas se han producido dos hechos relevantes:
- El 5 de agosto de 2026, un juez federal de Massachusetts resolvió que el gobierno podía aplicar el límite de un año a los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) de beneficiarios de TPS de El Salvador, Ucrania y Sudán. Esto eliminó la protección temporal que mantenía vigentes ciertos permisos de trabajo.
- El 12 de agosto de 2026, USCIS informó que los beneficiarios elegibles de TPS de El Salvador que tienen una solicitud de renovación de EAD pendiente (códigos A-12 o C-19) recibirán una extensión automática de su autorización de empleo hasta el 9 de septiembre de 2026, fecha en que finaliza la designación actual. Las notificaciones se envían por correo y electrónicamente a quienes tienen cuenta myUSCIS. Esta medida no prorroga el TPS propiamente dicho, sino que garantiza continuidad laboral hasta el vencimiento programado.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido el anuncio oficial de extensión o terminación. La ley exige una decisión al menos 60 días antes del vencimiento; ese plazo ya se superó, lo que genera incertidumbre jurídica.
¿Qué sigue?
La decisión final sigue en manos del Ejecutivo estadounidense. Mientras tanto, Alvergue y otros especialistas coinciden en que los beneficiarios deben mantenerse informados a través de canales oficiales (USCIS) y consultar con abogados de inmigración sobre posibles opciones de ajuste de estatus, peticiones familiares u otras vías legales.
La comunidad salvadoreña en Estados Unidos y las autoridades del país continúan atentas a cualquier gestación diplomática que pueda influir en el desenlace de uno de los programas migratorios más antiguos y significativos para la diáspora.
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Autoridades capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja con arma blanca en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó esta mañana la captura de Jairo Humberto Alfaro Gutiérrez, de 37 años, acusado de asesinar a su pareja en el municipio de San Salvador Centro.
Según el informe policial, el hombre habría asesinado a la mujer después de una discusión, mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. El crimen fue cometido con un arma blanca.
Tras cometer el asesinato, Alfaro Gutiérrez huyó del lugar, pero posteriormente fue capturado en Sonsonate.
De acuerdo con la Policía, el detenido será remitido a los tribunales para que responda por el delito de homicidio agravado, por el cual podría enfrentar cadena perpetua.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Oswaldo Alcides Reyes, de 28 años de edad, quien tenía dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio.
De acuerdo con la institución, Reyes fue ubicado en el barrio El Calvario, de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte, gracias a una alerta generada por el sistema ONI.
La PNC señaló que este sistema permite detectar a personas requeridas por la justicia y evitar que evadan los procesos correspondientes.
El detenido será puesto a la orden de las instancias requeridas, según informó la institución policial.
