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MAG promueve consumo de tilapia en El Salvador
Como parte de su estrategia de acercamiento a los sectores productivos del país, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) continúa con el apoyo al sector acuícola y la promoción del consumo de tilapia en El Salvador.
La institución informó que los productores del distrito de riego Atiocoyo, en San Pablo Tacachico, en La Libertad, han mantenido niveles óptimos de producción y calidad gracias a asesoría técnica constante brindada por personal especializado del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (Cendepesca).
Además, el MAG invitó a los salvadoreños a consumir este producto alimenticio que va directamente de los estanques a la cocina.
«Si quieres apoyar el comercio local y te gusta la tilapia, puedes adquirir este producto acercándote a los proyectos de los acuicultores de Atiocoyo sur y Atiocoyo norte, y así llevar un producto fresco y recién cosechado, ya que la captura se hace directamente de los estanques. La tilapia puede ser consumida frita, en sopa o en ceviche», publicó el MAG.
Por su parte el acuicultor, Ever Pineda, dijo que la venta de tilapia permite a los productores continuar con la cosecha y obtener ingresos para sus familias.
«Invitamos a la población salvadoreña, a que nos apoyen consumiendo esta tilapia tan noble y tan saludable para el ser humano. Con eso contribuyen a que nosotros nos sigamos tecnificando y a mejorar el sistema de vida de las familias de la zona», señaló.
Según datos de Agricultura, el distrito de riego de Atiocoyo cuenta con alrededor de 150 acuicultores que producen un estimado de 30,000 libras de tilapia, equivalentes al 80 % del total de producción en el país.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
