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Mafia canadiense negoció con ex alcalde de San Salvador Héctor Silva
Descubren que diez alcaldes del partido FMLN iniciaron negocios con un grupo de empresarios canadienses con un historial delictivo quienes eran los dueños de la empresa CINTEC, empresa que dio marcha al relleno sanitario de Nejapa, en un asocio público-privado bajo el nombre de Integral de Sólidos (MIDES).
Una publicación que El Diario de Hoy realizó en el año 2002 puso al descubierto que los nuevos socios tenían antecedentes por narcotráfico en Canada y ahora habían firmado un contrato con el que mantendrían negocios con al menos 10 alcaldías por el partido de Izquierda.
Quien realizó las negociaciones con los canadienses fue el entonces alcalde de San Salvador, Héctor Silva (Q.D.D.G), y pese a que el pasado delictivo de los extranjeros quedó al descubierto, no solicitó finalizar el contrato. Silva se escudó en desconocer el pasado delictivo de los extranjeros.
Según la investigación del rotativo, al menos tres de los directivos de CINTEC tenían antecedentes por narcotráfico en ese país del norte, incluyendo a su vicepresidente Antonio Cinquinio.
El exalcalde de Nejapa, René Canjura, quien era parte de la mesa de la Alcaldía Municipal de San Salvador aseguró que fue Héctor Silva el principal protagonista de esa negociación.
Sin embargo al ser consultado por las reuniones que sostuvieron con los extranjeros dijo desconocer o no recordar si estuvo presente en esos encuentros.
“En el caso de él probablemente lo conozca, con quien más traté fue con Pierre Turcotte. No le podría dar fe si lo conozco o no. Posiblemente él estuvo en un par de reuniones, pero no recuerdo su nombre y me da tristeza en esos términos. Eso nos llevaría a nosotros a revisar lo que hemos hecho…”, dijo Canjura.
Canjura reconoció en su momento que esas razones eran suficientes para intentar finalizar el contrato. “Así debería de actuarse. Sería ilógico estar tratando con mafiosos, para mafia El Salvador ya tuvo demasiado. Si yo puedo decir públicamente ‘bueno, nos tomaron del pelo’, posiblemente esto no baste, si esto fuera cierto. Si esto hubiera salido antes o después de las elecciones debería tener más fuerza porque en este país vale la pena poner las cosas en orden”, mencionó.
Irregularidades en la venta de MIDES
Algunas irregularidades fueron descubiertas en el proceso de la conformación del asocio público-privado en la que presuntamente no hubo un proceso de licitación transparente, lo que motivó a una investigación de la Corte de Cuentas y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Algunos de los hallazgos de estas investigaciones detallaron que fueron 53 ofertas las que analizaron antes de evaluar la oferta de CINTEC y firmar el contrato; sin embargo, el alcalde de Mejicanos, Carlos Menéndez, vicepresidente de Mides, declaró públicamente que ha buscado las ofertas de las otras empresas pero nunca las encontró.
En el año 2004, la empresa canadiense decidió vender sus acciones de MIDES a un empresario local, debido a las presiones de los alcaldes, que se vieron sorprendidos en su buena fe.
“Me alegra que se pueda mejorar el proyecto, pero sí me alegra de que entiendo que el suizo no será otro mafioso, será gente honrada, hoy hay un militar acá, no estará solo”, dijo Canjura luego de conocer la venta del 90 por ciento de las acciones de los canadienses.
Pese a la realización de la venta de las acciones, dos de los socios canadienses, que que se quedaron el territorio salvadoreños decidieron emprender diferentes acciones para retomar el control de MIDES.
Matteo Pasquale, presidente de CINTEC y Franco Pacetti representados por los abogados Mario Calderón y René Medrano buscaron los medios legales para despojar a los nuevos propietarios las acciones vendidas.
Los extranjeros también recibieron los servicios del exfiscal Diego Escobar, quien ha mantenido una relación cercana con el exfiscal general, Douglas Meléndez.
Escobar es señalado entre otros casos por supuestamente sustraer una copia del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y presuntamente venderlo por 120 mil dólares, para afectar a ARENA y candidatura presidencial de Norman Quijano en las elecciones presidenciales de 2014.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
