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Las megaobras impulsadas por el Gobierno del Presidente Bukele avanzan, la segunda fase del periférico Gerardo Barrios lleva un progreso del 50 %
Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia
La segunda etapa del periférico Gerardo Barrios, en San Miguel, es una de las megaobras que ejecuta el Gobierno del Presidente Nayib Bukele para impulsar mayor desarrollo para los habitantes de la zona oriental del país, actualmente lleva un 50% de progreso.
El paquete dos, consiste en la apertura y ampliación de 8.39 kilómetros de la carretera Panamericana, desde el sector de El Obrajuelo hasta Hato Nuevo.
Además, “estamos construyendo un paso a desnivel en la zona de Quelepa y también una carretera nueva de 17 kilómetros que va a beneficiar a miles de familias y que ya tiene un 50 % de avance esta segunda fase del proyecto”, confirmó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Uno de los avances más importantes en este paquete es la construcción del primer paso a desnivel en la zona oriental de El Salvador, que ya cuenta con más del 37 % de progreso.
La fase cuatro también lleva ya más del 37.2 % en su ejecución. Esta etapa consiste en la construcción de dos puentes: uno sobre el río Taisihuat y otro sobre el río Grande.
Este baipás de 21 kilómetros, en total, se construye en cuatro paquetes con una inversión de $160 millones. Representa la inversión más grande en infraestructura vial que un gobierno ha efectuado en el oriente del país en los últimos años.
El actual Gobierno inició la obra en sus primeros cuatro meses de administración, en septiembre de 2019, tras superar una serie de obstáculos heredados del gobierno anterior.
El primer paquete fue inaugurado por el Presidente Bukele en el 2021. Consiste en la ampliación a cuatro carriles de la Carretera Panamericana existente, desde el desvío a Moncagua hasta el inicio de El Obrajuelo, en una longitud de 3.46 kilómetros. Además de otra serie de obras complementarias.
Con la construcción de este ambicioso proyecto, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele está cumpliendo una deuda histórica a la zona oriental del país.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
