Nacionales
La Fuerza Armada y la PNC reciben $16 millones para el combate de las pandillas
Los presupuestos de los ministerios de la Defensa Nacional y de Justicia y Seguridad Pública fueron reforzados, cada uno, con $8 millones provenientes de los ingresos de la última amnistía fiscal, que servirán para disponer de recursos utilizados para el combate de las pandillas y cumplir los objetivos y las metas institucionales del último trimestre de este año.
El ramo de la Defensa financiará con sus $8 millones los compromisos en bienes y servicios para la ejecución de la fase IV del Plan Control Territorial (PCT), el cual es impulsado desde 2019 por el presidente de la república, Nayib Bukele, para el combate de las pandillas.
Ese plan está conformado por siete fases, de las cuales ya son ejecutadas cuatro: Preparación, Oportunidades, Modernización e Incursión. Esta última fue anunciada en julio de 2021 y consiste en la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en territorios con presencia criminal.
Al PCT se ha sumado la medida constitucional del régimen de excepción, que también es utilizada desde el 27 de marzo pasado por el Gobierno del presidente Bukele para el combate de los terroristas a escala nacional, quienes han provocado luto y dolor a las familias salvadoreñas.
El Gabinete de Seguridad reportó que desde la vigencia del estado de excepción hasta la fecha han sido capturados 54,044 pandilleros y colaboradores. La Policía Nacional Civil (PNC) también ha reportado el decomiso de droga, armas y bienes muebles e inmuebles en poder de esos grupos.
Con sus $8 millones, el ramo de Justicia y Seguridad Pública financiará los gastos de funcionamiento de la PNC, como el pago de la cuota de alimentación de 25,978 agentes policiales que participan en las labores de seguridad y combate de las pandillas en todo el país.
Los recursos asignados para ambas entidades estatales son parte de $56 millones en total que fueron incorporados al presupuesto general del Estado 2022 en la sesión plenaria del martes pasado, con los votos favorables de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC.
El resto fue distribuido de la siguiente manera: $35 millones para el Ministerio de Economía para complementar el financiamiento del subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), $3.3 millones para gastos de funcionamiento de las representaciones diplomáticas y consulares de Relaciones Exteriores y $1 millón para el ramo de Cultura.
El Ministerio de Turismo, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) y la Defensoría del Consumidor recibieron $265,000, $500,000 y $500,000, respectivamente, según el decreto aprobado.
Tres mujeres se desmayaron al interior del cementerio Santa Isabel, en el distrito de Santa Ana, según informaron voceros de Cruz Azul Salvadoreña.
De acuerdo con la institución de socorro, una de las afectadas es una menor de 17 años, mientras que las otras dos mujeres tienen 18 y 65 años de edad.
Socorristas de Cruz Azul Salvadoreña brindaron primeros auxilios a las tres mujeres en el lugar y posteriormente las trasladaron al hospital más cercano para recibir atención médica.
Los voceros añadieron que dos de las víctimas fueron llevadas al centro asistencial aún en estado inconsciente.
Nacionales
Atención: ANDA prevé interrupciones temporales en el servicio de agua potable en Usulután Este
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que el servicio de agua potable se verá afectado temporalmente en varios sectores del distrito de Concepción Batres, municipio de Usulután Este, debido a labores de mantenimiento programadas por la distribuidora eléctrica.
La interrupción está prevista para mañana, domingo 21 de junio, en el horario comprendido entre las 6:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Durante ese período, el sistema de distribución de agua potable podría presentar afectaciones mientras se ejecutan los trabajos en la red eléctrica.
Las zonas que podrían experimentar inconvenientes en el suministro son los barrios El Calvario, Candelaria, El Centro, La Parroquia y San Antonio. Asimismo, la medida afectará al caserío Santa Lucía, la colonia El Progreso y la lotificación El Paraisal II.
ANDA explicó que la afectación está vinculada directamente a la suspensión temporal del servicio eléctrico, indispensable para el funcionamiento de los sistemas de bombeo y distribución de agua potable.
La institución indicó que, una vez sea restablecido el suministro de energía eléctrica, los sistemas retomarán su operación habitual.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que la empresa donde ocurrió el accidente laboral que dejó un trabajador fallecido ya había sido inspeccionada previamente por la institución debido a incumplimientos en materia de seguridad ocupacional.
Según el funcionario, durante visitas anteriores se detectó que la compañía no contaba con un comité de seguridad y que las observaciones realizadas por los técnicos del Ministerio de Trabajo no fueron atendidas. “Además de las recomendaciones que brindamos con nuestros técnicos, ninguna cumplieron”, señaló.
Castro lamentó la muerte del trabajador y advirtió que la empresa deberá responder por las irregularidades encontradas. “Hoy lamentamos la pérdida de vidas humanas. Van a tener que indemnizar a sus familias y también tendrán que responder todos los hallazgos encontrados”, sostuvo.
El accidente ocurrió en una obra de construcción ubicada en la colonia Villas de San Rafael, sector del puente El Trébol, en Santa Ana, donde un derrumbe de tierra dejó soterrados a dos trabajadores.
Equipos de socorro lograron rescatar con vida a uno de ellos, quien fue trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, la segunda víctima fue encontrada sin signos vitales durante las labores de búsqueda.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del colapso. La obra está vinculada a la empresa AYM Ingenieros, la cual formará parte de las investigaciones para establecer si existieron incumplimientos en las medidas de seguridad ocupacional que pudieron influir en el accidente.
Las autoridades buscan determinar las responsabilidades correspondientes tras la muerte del trabajador.
