Los presupuestos de los ministerios de la Defensa Nacional y de Justicia y Seguridad Pública fueron reforzados, cada uno, con $8 millones provenientes de los ingresos de la última amnistía fiscal, que servirán para disponer de recursos utilizados para el combate de las pandillas y cumplir los objetivos y las metas institucionales del último trimestre de este año.

El ramo de la Defensa financiará con sus $8 millones los compromisos en bienes y servicios para la ejecución de la fase IV del Plan Control Territorial (PCT), el cual es impulsado desde 2019 por el presidente de la república, Nayib Bukele, para el combate de las pandillas.

Ese plan está conformado por siete fases, de las cuales ya son ejecutadas cuatro: Preparación, Oportunidades, Modernización e Incursión. Esta última fue anunciada en julio de 2021 y consiste en la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en territorios con presencia criminal.

Al PCT se ha sumado la medida constitucional del régimen de excepción, que también es utilizada desde el 27 de marzo pasado por el Gobierno del presidente Bukele para el combate de los terroristas a escala nacional, quienes han provocado luto y dolor a las familias salvadoreñas.

El Gabinete de Seguridad reportó que desde la vigencia del estado de excepción hasta la fecha han sido capturados 54,044 pandilleros y colaboradores. La Policía Nacional Civil (PNC) también ha reportado el decomiso de droga, armas y bienes muebles e inmuebles en poder de esos grupos.

Con sus $8 millones, el ramo de Justicia y Seguridad Pública financiará los gastos de funcionamiento de la PNC, como el pago de la cuota de alimentación de 25,978 agentes policiales que participan en las labores de seguridad y combate de las pandillas en todo el país.

Los recursos asignados para ambas entidades estatales son parte de $56 millones en total que fueron incorporados al presupuesto general del Estado 2022 en la sesión plenaria del martes pasado, con los votos favorables de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC.

El resto fue distribuido de la siguiente manera: $35 millones para el Ministerio de Economía para complementar el financiamiento del subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), $3.3 millones para gastos de funcionamiento de las representaciones diplomáticas y consulares de Relaciones Exteriores y $1 millón para el ramo de Cultura.

El Ministerio de Turismo, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) y la Defensoría del Consumidor recibieron $265,000, $500,000 y $500,000, respectivamente, según el decreto aprobado.