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La DGEHM reportó caso de alteración de precios de GLP
Como parte del monitoreo constante que se realiza en puntos de venta y distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP), la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) desarrolló un dispositivo en los municipios de Ilopango y Tonacatepeque, en San Salvador.
Según indicó la institución, dichas inspecciones tienen como objetivo verificar que se cumplan con los precios de venta al público, establecidos por el Gobierno para las diferentes presentaciones de los cilindros de gas.
Durante el recorrido, los inspectores reportaron un caso de alteración de precios, en la Distribuidora de Tropigas Don Carlos, ubicada en Tonacatepeque, donde se procedió a notificar al establecimiento sobre el incumplimiento, por medio del levantamiento de un acta de inspección, indicó la DGEHM.
«El sobreprecio se detectó en el valor del cilindro de 25 libras, cuyo precio de venta con subsidio focalizado se elevó a $3.25, cuando el valor fijado es de $3.09, mientras que con subsidio general se cobraba en $11.25 y el costo autorizado es de $11.13. En la inspección se determinó que el resto del producto, que constaba de cilindros de 35 y 10 libras se comercializaban al precio correcto», explicó la dirección por medio de un comunicado de prensa.
Además, agregó que como parte del procedimiento los técnicos de la institución completaron un formulario con detalles sobre el inventario de los cilindros en la distribuidora y si posee o no servicio a domicilio, entre otros pormenores, para referir el caso a la gerencia legal y que la dependencia determine el tipo de infracción y determinar la sanción.
La inspección comprendió 25 establecimientos verificados, entre los que están: Centro Express Z Gas San Bartolo Ticsa, Tienda Karla, Tienda Abigaíl, Tienda Martínez, Tienda Divina Providencia, Venta de GLP Tonacatepeque, Centro Express Cimas de San Bartolo, Venta GLP.
Por otra parte, la DGEHM informó que el año pasado se contabilizaron 106 hallazgos por sobreprecios en diferentes establecimientos, durante las más de 3,400 inspecciones efectuadas en todo el país.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
