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La DGEHM reportó caso de alteración de precios de GLP
Como parte del monitoreo constante que se realiza en puntos de venta y distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP), la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) desarrolló un dispositivo en los municipios de Ilopango y Tonacatepeque, en San Salvador.
Según indicó la institución, dichas inspecciones tienen como objetivo verificar que se cumplan con los precios de venta al público, establecidos por el Gobierno para las diferentes presentaciones de los cilindros de gas.
Durante el recorrido, los inspectores reportaron un caso de alteración de precios, en la Distribuidora de Tropigas Don Carlos, ubicada en Tonacatepeque, donde se procedió a notificar al establecimiento sobre el incumplimiento, por medio del levantamiento de un acta de inspección, indicó la DGEHM.
«El sobreprecio se detectó en el valor del cilindro de 25 libras, cuyo precio de venta con subsidio focalizado se elevó a $3.25, cuando el valor fijado es de $3.09, mientras que con subsidio general se cobraba en $11.25 y el costo autorizado es de $11.13. En la inspección se determinó que el resto del producto, que constaba de cilindros de 35 y 10 libras se comercializaban al precio correcto», explicó la dirección por medio de un comunicado de prensa.
Además, agregó que como parte del procedimiento los técnicos de la institución completaron un formulario con detalles sobre el inventario de los cilindros en la distribuidora y si posee o no servicio a domicilio, entre otros pormenores, para referir el caso a la gerencia legal y que la dependencia determine el tipo de infracción y determinar la sanción.
La inspección comprendió 25 establecimientos verificados, entre los que están: Centro Express Z Gas San Bartolo Ticsa, Tienda Karla, Tienda Abigaíl, Tienda Martínez, Tienda Divina Providencia, Venta de GLP Tonacatepeque, Centro Express Cimas de San Bartolo, Venta GLP.
Por otra parte, la DGEHM informó que el año pasado se contabilizaron 106 hallazgos por sobreprecios en diferentes establecimientos, durante las más de 3,400 inspecciones efectuadas en todo el país.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
