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VIDEO | FGR señala que Cristiani coordinó y autorizó masacre de Jesuitas de la UCA

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El expresidente Alfredo Cristiani estuvo presente en la reunión donde se coordinó y se autorizó la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, hecho perpetrado en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, así lo establece el dictamen de acusación que presentó este lunes la Fiscalía General de la República.

En las investigaciones, el ministerio público ha determinado que «el expresidente Cristiani y el padre Ignacio Ellacuría, rector de la UCA de la época, sostuvieron varias llamadas telefónicas previo a la masacre».

«No solo es un testigo, Emilio Ponce (ya fallecido) también refiere que ahí estuvo el expresidente Cristiani, tenemos otros testigos que también lo ubican en el lugar y que también afirman que él estuvo de acuerdo y autorizó los hechos que desencadenaron esas muertes», estableció el fiscal del caso.

El representante fiscal añadió que dentro de dicho dictamen también se acusa al asesino, Inocente Orlando Montano, quien fue condenado en España a 133 años, «fue condenado por la muerte de los sacerdotes jesuitas, es decir, por los ciudadanos españoles, pero las personas salvadoreñas no, por estos hechos no fue condenado allá y acá si lo estamos acusando», dijo. Se trata de Julia Elba y Celina Ramos, quienes eran colaboradoras de los sacerdotes.

Homicidio, actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento personal, son algunos de los delitos por los que la Fiscalía acusa a los involucrados. «En total son ocho imputados, además de estos también tenemos a Rodolfo Parker quien manipuló las declaraciones que se dieron al tribunal de honor».

Parker al igual que Cristiani huyeron al saber que son procesados en este caso de la masacre de la UCA.

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Condenan a cinco años de cárcel a un hombre que amenazó de muerte a su propia madre en Santa Ana

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El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana condenó a cinco años de prisión a José Andrés Ábrego Coto, de 31 años, por los delitos de amenazas en perjuicio de su madre y resistencia. Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2026 en una vivienda de la colonia Gerardo Barrios, distrito de Santa Ana.

Ábrego Coto llegó al domicilio de su madre y la amenazó con quitarle la vida. Ante el temor de que cumpliera la amenaza, la víctima pidió auxilio a la Policía Nacional Civil. Cuando los agentes llegaron al lugar lo encontraron en el exterior de la vivienda y le ordenaron someterse a una requisa personal, pero el imputado se negó y debió ser neutralizado.

Durante el proceso, la madre del condenado manifestó que su hijo ya había sido procesado anteriormente por causarle lesiones y que cumplió una condena por ese delito. El caso se tramitó por la vía de juicio sumario.

La sentencia confirma la detención del imputado y cierra el proceso por estos hechos específicos. Las autoridades no han informado sobre medidas adicionales de protección para la víctima.

Este tipo de casos de violencia intrafamiliar reiterada pone de relieve la importancia de la denuncia oportuna y la actuación policial inmediata.

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Fiscalía destruye 1,362 kilos de cocaína valorados en más de $34 millones decomisados a ecuatorianos

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La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó este miércoles la destrucción de 1,362 kilos de cocaína valorados en más de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. La quema se realizó en Shangallo, distrito de Ilopango, San Salvador, luego de completar los procedimientos legales correspondientes sobre el cargamento decomisado.

La droga fue incautada el 17 de julio por miembros de la Fuerza Naval a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en aguas del Pacífico. En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana, quienes ya enfrentan proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Con esta acción, las autoridades confirman el avance de las diligencias penales y refuerzan las operaciones antinarcóticos en el país, donde los decomisos de grandes cargamentos de cocaína en alta mar continúan siendo una prioridad en la lucha contra el narcotráfico.

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Juzgado decreta detención provisional a conductor de Corvette por muerte de repartidor en San Salvador

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El pasado 6 de agosto de 2026, Francisco Javier García Hernández departió y consumió bebidas alcohólicas en un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, en San Salvador. Posteriormente abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette negro con placas P53-8EB.

Bajo los efectos del alcohol, según la Fiscalía, circuló en sentido contrario y a excesiva velocidad. Impactó de frente al motociclista Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien se desempeñaba como repartidor de PedidosYa y también vendía productos lácteos para complementar sus ingresos.

Tras el golpe, la víctima fue arrastrada aproximadamente 16 metros sobre la vía. García Hernández abandonó la escena sin prestar auxilio, dejó el Corvette a unos 800 metros del lugar y se retiró en otro vehículo.

La Policía Nacional Civil inició la búsqueda del conductor. El 8 de agosto, García Hernández se presentó voluntariamente en una delegación policial y fue remitido por el delito de homicidio culposo. En redes sociales circularon rumores que lo vinculaban erróneamente con el entorno familiar del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien desmintió cualquier relación.

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó este martes 18 de agosto de 2026 la instrucción formal con detención provisional contra Francisco Javier García Hernández, acusado de homicidio culposo y conducción peligrosa por la muerte del motociclista repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides. El hecho ocurrió la noche del 6 de agosto en el bulevar El Hipódromo, cuando el imputado, tras consumir alcohol, impactó con su Chevrolet Corvette al trabajador de una aplicación de comida, lo arrastró 16 metros y huyó del lugar.

Durante la audiencia inicial celebrada este martes, el juez consideró suficientes los indicios presentados por la Fiscalía. Entre las pruebas destacan un peritaje que confirma la velocidad excesiva del vehículo y videos que muestran al imputado consumiendo alcohol antes del accidente, así como el momento del impacto.

El juzgador determinó que existe riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, por lo que decretó la detención provisional mientras continúa el proceso penal. Además, ordenó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre de García Hernández por un monto superior a los 80 mil dólares y aplicó medidas patrimoniales sobre otros bienes.

Manuel de Jesús Murcia Arístides era descrito por sus cercanos como un hombre trabajador y responsable, que se esforzaba por sostener a su familia con su labor de repartidor y la venta de productos lácteos. El caso ha generado amplio seguimiento en redes y medios locales desde el día del accidente.

El proceso penal sigue su curso con el imputado bajo detención provisional. Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos.

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