Judicial
Vendedor de frescos asesinado de 12 balazos estaba a punto de retomar sus estudios de bachillerato
Doce disparos fueron suficientes para que le quitaran la vida a un joven vendedor de refrescos cuando comenzaba su jornada laboral sobre la carretera de Oro, en Soyapango. Otro hombre salió lesionado, logró sobrevivir y ahora irá a los tribunales para enjuiciarlos.
Edgar Mauricio Romero tenía 19 años de edad cuando fue asesinado por dos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) cuando apenas llevaba un par de horas laborando en una intersección de la carretera. Por falta de un trabajo formal había iniciado un negocio de refrescos y a pesar de los peligros que enfrentaba en la zona, corría el riesgo y solía meterse a los pasajes para llevar algo de dinero a su casa.
La angustiada madre, cuando llegó a la escena del crimen, contó a las autoridades que él tenía pensado regresar a estudiar su primer año de bachillerato y aclaró que no estaba involucrado en pandillas.
Todo ocurrió el 10 de marzo de 2016 a las 12:46 del mediodía. Decidió hacer una parada frente al restaurante “Oasis de Oro”. Fueron unos cuantos segundos para descansar cuando de pronto un vehículo blanco se aproximó estrepitosamente hacia él.
Dentro del vehículo venía Jonny E., de 27 años de edad, miembro activo de la MS. Ese día iba acompañado de otro hombre que hasta el momento no ha logrado ser identificado. Uno de los dos sujetos se bajó del carro, empuñó su arma y soltó varias balas. Inmediatamente el joven cayó al suelo con 12 balas en su cuerpo.
Un hombre que estaba en el lugar y que conocía a Edgar corrió a comunicarle lo sucedido a la mamá, quien al saber lo que había pasado llegó a la escena donde vio a su hijo desangrado junto con los productos. Aún estaba con vida y ella lo lloró abajo del sol del mediodía.
Con el crimen cometido los verdugos huyeron hasta la comunidad Valle Las Delicias, en San Martín, donde se resguardaron de las autoridades con la certeza de no ser encontrados.
Mientras tanto a unos cuantos kilómetros de su guarida, confiados en que su plan había salido como esperaban, personas que transitaban en la zona auxiliaron a Edgar, quien aún se debatía entre la vida y la muerte. Fue traslado al hospital nacional de San Bartolo, donde fue ingresado en cuidados intensivos pero a las 7:00 de la noche los doctores informaron que había fallecido por la gravedad de las lesiones.
Un operativo se desplegó por toda la zona hasta dar con la captura de Jonny, sin embargo, el otro de sus compinches no fue capturado. Sus huellas dactilares estaban en el vehículo que fue abandonado en uno de los pasajes de la colonia.
Las investigaciones no han logrado determinar el verdadero móvil, pero podría estar relacionado con el consumo de drogas por parte de la víctima, ya que según el informe toxicológico del Instituto de Medicina Legal (IML) se encontró partículas de cocaína y marihuana en su sangre.
Un lesionado ahora testigo
José y Edgar nunca se conocieron pero la balacera de ese día hizo que sus vidas se entrelazaran. Mientras Edgar estaba dando sus últimas boqueadas de aire, José fue atendido por los médicos debido a que una bala le perforó su pantorrilla.
Señaló a las autoridades que cuando escuchó los disparos se tiró al suelo e inmediatamente sintió algo caliente y fue ahí cuando se dio cuenta que estaba sangrando de manera excesiva. Él también fue llevado por personas que lo ayudaron a llegar al centro de salud.
Ahora él es único sobreviviente y uno de los testigos clave del hecho.
Se espera que en los próximos meses se desarrolle la audiencia en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador en contra del imputado quien es acusado de homicidio agravado e intento de homicidio contra las víctimas del caso.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
