Judicial
Vendedor de frescos asesinado de 12 balazos estaba a punto de retomar sus estudios de bachillerato
Doce disparos fueron suficientes para que le quitaran la vida a un joven vendedor de refrescos cuando comenzaba su jornada laboral sobre la carretera de Oro, en Soyapango. Otro hombre salió lesionado, logró sobrevivir y ahora irá a los tribunales para enjuiciarlos.
Edgar Mauricio Romero tenía 19 años de edad cuando fue asesinado por dos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) cuando apenas llevaba un par de horas laborando en una intersección de la carretera. Por falta de un trabajo formal había iniciado un negocio de refrescos y a pesar de los peligros que enfrentaba en la zona, corría el riesgo y solía meterse a los pasajes para llevar algo de dinero a su casa.
La angustiada madre, cuando llegó a la escena del crimen, contó a las autoridades que él tenía pensado regresar a estudiar su primer año de bachillerato y aclaró que no estaba involucrado en pandillas.
Todo ocurrió el 10 de marzo de 2016 a las 12:46 del mediodía. Decidió hacer una parada frente al restaurante “Oasis de Oro”. Fueron unos cuantos segundos para descansar cuando de pronto un vehículo blanco se aproximó estrepitosamente hacia él.
Dentro del vehículo venía Jonny E., de 27 años de edad, miembro activo de la MS. Ese día iba acompañado de otro hombre que hasta el momento no ha logrado ser identificado. Uno de los dos sujetos se bajó del carro, empuñó su arma y soltó varias balas. Inmediatamente el joven cayó al suelo con 12 balas en su cuerpo.
Un hombre que estaba en el lugar y que conocía a Edgar corrió a comunicarle lo sucedido a la mamá, quien al saber lo que había pasado llegó a la escena donde vio a su hijo desangrado junto con los productos. Aún estaba con vida y ella lo lloró abajo del sol del mediodía.
Con el crimen cometido los verdugos huyeron hasta la comunidad Valle Las Delicias, en San Martín, donde se resguardaron de las autoridades con la certeza de no ser encontrados.
Mientras tanto a unos cuantos kilómetros de su guarida, confiados en que su plan había salido como esperaban, personas que transitaban en la zona auxiliaron a Edgar, quien aún se debatía entre la vida y la muerte. Fue traslado al hospital nacional de San Bartolo, donde fue ingresado en cuidados intensivos pero a las 7:00 de la noche los doctores informaron que había fallecido por la gravedad de las lesiones.
Un operativo se desplegó por toda la zona hasta dar con la captura de Jonny, sin embargo, el otro de sus compinches no fue capturado. Sus huellas dactilares estaban en el vehículo que fue abandonado en uno de los pasajes de la colonia.
Las investigaciones no han logrado determinar el verdadero móvil, pero podría estar relacionado con el consumo de drogas por parte de la víctima, ya que según el informe toxicológico del Instituto de Medicina Legal (IML) se encontró partículas de cocaína y marihuana en su sangre.
Un lesionado ahora testigo
José y Edgar nunca se conocieron pero la balacera de ese día hizo que sus vidas se entrelazaran. Mientras Edgar estaba dando sus últimas boqueadas de aire, José fue atendido por los médicos debido a que una bala le perforó su pantorrilla.
Señaló a las autoridades que cuando escuchó los disparos se tiró al suelo e inmediatamente sintió algo caliente y fue ahí cuando se dio cuenta que estaba sangrando de manera excesiva. Él también fue llevado por personas que lo ayudaron a llegar al centro de salud.
Ahora él es único sobreviviente y uno de los testigos clave del hecho.
Se espera que en los próximos meses se desarrolle la audiencia en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador en contra del imputado quien es acusado de homicidio agravado e intento de homicidio contra las víctimas del caso.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
