Judicial
Sujeto pasará un par de años en la cárcel por tomar una escopeta abandonada por pandilleros
El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango, en un juicio abreviado a petición de las partes, condenó a tres años y cuatro meses de prisión a José Cruz Berríos Díaz. Acusado del delito de portación y tenencia ilegal de arma de fuego.
Durante el juicio Berríos Díaz confesó los hechos a efecto de hacerse acreedor a la pena mínima, por el delito juzgado. Señaló que al momento de ser arrestado él tenía en posesión el arma.
Según la acusación fiscal la noche del 25 de diciembre pasado Berríos Díaz, fue detenido en el pasaje Las Rosa de la Comunidad 22 de Abril de Soyapango donde se le decomisó una escopeta a cual se le hizo una prueba de funcionamiento que determinó que la misma se encuentra en buen estado.
Un informe del Ministerio de Defensa señaló que Berríos Díaz no tiene armas registradas a su nombre ni licencia de portación. La carabina decomisada no está registrada a nombre de alguien.
Inicialmente la defensa señaló que el arma no le fue decomisada a su cliente, pues el día de los hechos el imputado junto a su hija de 15 años caminaban por el referido pasaje cuando un grupo de supuestos pandilleros corrían huyendo de la persecución de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Uno de los pandilleros lanzó la carabina a la calle.
Instantes después venían corriendo los agentes, justo cuando el imputado caminaba con su hija, por lo que fue capturado.
Sin embargo la confesión del imputado es concordante con la acusación de la Fiscalía, por lo que fue condenado a la pena referida que deberá ser cumplida en un centro penitenciario del país.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
