Judicial
Sujeto pasará un par de años en la cárcel por tomar una escopeta abandonada por pandilleros
El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango, en un juicio abreviado a petición de las partes, condenó a tres años y cuatro meses de prisión a José Cruz Berríos Díaz. Acusado del delito de portación y tenencia ilegal de arma de fuego.
Durante el juicio Berríos Díaz confesó los hechos a efecto de hacerse acreedor a la pena mínima, por el delito juzgado. Señaló que al momento de ser arrestado él tenía en posesión el arma.
Según la acusación fiscal la noche del 25 de diciembre pasado Berríos Díaz, fue detenido en el pasaje Las Rosa de la Comunidad 22 de Abril de Soyapango donde se le decomisó una escopeta a cual se le hizo una prueba de funcionamiento que determinó que la misma se encuentra en buen estado.
Un informe del Ministerio de Defensa señaló que Berríos Díaz no tiene armas registradas a su nombre ni licencia de portación. La carabina decomisada no está registrada a nombre de alguien.
Inicialmente la defensa señaló que el arma no le fue decomisada a su cliente, pues el día de los hechos el imputado junto a su hija de 15 años caminaban por el referido pasaje cuando un grupo de supuestos pandilleros corrían huyendo de la persecución de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Uno de los pandilleros lanzó la carabina a la calle.
Instantes después venían corriendo los agentes, justo cuando el imputado caminaba con su hija, por lo que fue capturado.
Sin embargo la confesión del imputado es concordante con la acusación de la Fiscalía, por lo que fue condenado a la pena referida que deberá ser cumplida en un centro penitenciario del país.
El Tribunal Sexto de Sentencia ha condenado al exconcejal Héctor Silva por el delito de difamación y calumnia en contra del diputado Christian Guevara. La sentencia, emitida el 27 de junio de 2024, fue confirmada el 4 de febrero por la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.
Como parte de la resolución, Silva deberá indemnizar a Guevara con la suma de $50,000 y ofrecer una disculpa pública por los daños morales causados. Además, el exconcejal deberá pagar al Estado un total de $1,399.24 por cada uno de los delitos cometidos.
Sin embargo, Silva ha manifestado su desacuerdo con la decisión judicial y ha presentado un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La controversia se originó tras declaraciones de Silva en un programa televisivo, donde acusó al diputado Guevara de recibir contratos publicitarios por «cientos de millas de dólares» de la Alcaldía de San Salvador, supuestamente a través de empresas vinculadas al legislador del partido Nuevas Ideas.
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz, enjuiciará durante cuatro semanas al exalcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez y varios miembros de su exconcejo por delitos de corrupción.
A la vista pública que se realiza en la sede del centro judicial de Santa Tecla han comparecido siete de los acusados, otros cinco son procesados como ausentes, gracias a las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa al Código Procesal Penal, las cuales facultan enjuiciar a imputados prófugos.
La Fiscalía General de la República les atribuye los delitos de peculado e incumplimiento de deberes en el período 2012 al 2015.
Una de las fiscales dijo que se les cuestiona por tres proyectos. El primero tiene que ver con la compra de un terreno para construir un cementerio municipal y un parque ecológico.
El inmueble fue adquirido en $236,000, y en la compraventa acordada se tenía una extensión determinada, pero en la escritura aparece una menor cantidad de terreno.
Para el cementerio se desembolsó $50,000, pero al final no se hizo nada de ese proyecto y para el parque ecológico se gastaron $260,000.
También se le acusa al prófugo exalcalde Marvin Ulises Rodríguez «de mover dinero de las cuentas del FODES que venían directamente para la alcaldía, para su cuenta personal y del tesorero municipal de ese entonces, Edwin León», manifestó la representante del ministerio público.
Documentos y pericias concluyen que Rodríguez transfirió entre $60,000 y $70,000 de los fondos FODES a su cuenta personal y lo hizo a través de transacciones bancarias.
Al comenzar la vista pública, la Fiscalía expuso al tribunal colegiado que durante el desarrollo de la diligencia presentará testimonios, pericias y documentos para acreditar los actos de corrupción consumados por los 12 acusados.
Un joven de 18 años enfrenta una detención provisional tras intentar vender una motocicleta robada, sin la documentación correspondiente, a su verdadero propietario.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, César Iván H. adquirió la motocicleta el 23 de diciembre del año pasado por 600 dólares, sin realizar los trámites legales necesarios. Posteriormente, el 11 de enero, publicó el vehículo en la plataforma de Marketplace por 700 dólares.
El joven recibió el interés de un supuesto comprador y acordaron llevar a cabo la transacción en Soyapango. Sin embargo, durante la entrega, el comprador resultó ser el dueño legítimo de la motocicleta, quien había denunciado el robo y estaba trabajando con la Policía para recuperar su vehículo.
Como resultado de esta situación, César Iván H. fue detenido por las autoridades, quienes continúan investigando el caso.
