Judicial
“Samurai”, expolicía integrante de grupo de extermino es condenado a 60 años por dos homicidios
El exmiembro del extinto Grupo de Reacción Policía (GRP), de la Policía Nacional Civil, y prófugo de la justicia, Juan Josué Castillo Arévalo, (a) “Samurai”, recibió una condena de 60 años de cárcel por dos homicidios agravados cometidos entre junio y agosto del año 2016.
Las víctimas, Carlos David Claros Godoy y Jesús Godoy Segovia fueron asesinados en los cantones Los Chorros y El Tablón, ambos de San Francisco Javier del departamento de Usulután.
Los crímenes fueron cometidos por un grupo de exterminio al que pertenecía el “Samurai”, que operaba en los departamentos de Usulután y San Miguel entre los años 2016 y 2017, y que se les atribuye más de 40 homicidios.
Las condenas fueron impuestas por el Juzgado de Sentencia de San Miguel.
Castillo Arévalo también es procesado por el feminicidio agravado de su compañera policial, Carla Ayala, el cual fue cometido el 29 de diciembre del año 2017.
Este último caso está a cargo del Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
Gracias a las recientes reformas, Castillo Arévalo ha sido juzgado y condenado en ausencia, mientras las autoridades continúan sus esfuerzos para localizar a Samurai y que pague por sus crímenes.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó que Julia Violeta Consuelo S. V., siga en detención por haber estafado con $250,000 a un ciudadano estadounidense.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República la imputada se asoció con el extranjero para instalar una empresa de producción de cerveza artesanal.
La víctima aportó los $250,000 y dejó como responsable a la imputada ya que él residía en Estados Unidos. El negocio comenzó a funcionar en el 2020, en el bulevar del Hipódromo, en la colonia San Benito, San Salvador.
Pero cuando la procesada dejó de reportar ganancias el norteamericano decidió ya no seguir invirtiendo dinero, pero en mayo de 2022, la mujer junto a otras personas creó una nueva sociedad en Talnique, La Libertad, para vender la fórmula de la cerveza registrada al principio sin autorización del estadounidense, por lo cual el inversionista decidió denunciar a Julia Violeta Consuelo ante la Fiscalía para que se iniciara el proceso penal por el delito de estafa.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, recibió en vista pública la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en contra de Cruz Ernesto Recinos García, por tráfico ilícito.
El imputado fue detenido el 9 de diciembre de 2023, en el cantón Chanmico, de San Juan Opico, con 23,033 gramos de marihuana valuados en $23,000.
El caso comenzó a ser investigado ese mismo día, cuando un informante llegó a la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) a denunciar que un hombre a quien conocía como Neto almacenaba en su casa cantidades de droga.
Cuando los agentes antinarcóticos ingresaron a la vivienda encontraron 20 paquetes de marihuana, teléfonos celulares y un arma de fuego, en las audiencias inicial y preliminar los jueces que conocieron de la causa resolvieron que el acusado continuara en la cárcel hasta que su situación de defina en vista pública.
«Según el perito que realizó la experticia, con dicha sustancia se pueden confeccionar 46 cigarrillos. Como Fiscalía estamos solicitando una sentencia condenatoria en contra del señor Recinos García por el delito de tráfico ilícito y que dicte una sentencia de 15 años de prisión, siendo esta la pena máxima que tiene previsto dicho delito», sostuvo el representante del ministerio público.
Un pandillero del Barrio 18 fue condenado a más de 41 años de prisión por extorsión agravada e intentar asesinar a un agente policial, 00detalló la Fiscalía General de la República (FGR).
El terrorista fue identificado como José Lorenzo García García.
Por otra parte, el pandillero identificado como José Joaquín García Vivas, que también participó en el delito de extorsión agravada, recibió 16 años de cárcel como condena. Las condenas fueron impuestas por un Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Cuscatlán.
Estos terroristas delinquían en diferentes zonas de San Pedro Perulapán y le exigieron entre $500 y $800 mensuales a la víctima para permitirle movilizarse en la zona.
En mayo de 2022, mientras recibían el dinero de la renta, hubo un intercambio de disparos en el cual un policía salió herido.
