Judicial
Salvadoreña es engañada y prostituida por unos amigos en México: Fingieron su secuestro y familia pagó $1,500
Un salario jugoso, un viaje gratis y regalos para su familia, esas fueron las mentiras que unos hermanos le dieron a una mujer que terminó prostituyéndose para pagar la cuenta de una borrachera con los amigos que desde México inventaron un secuestro para obtener dinero.
Sonia (nombre modificado por seguridad) es la madre de dos niños quien recibía la ayuda desinteresada de Zenaida A., una mujer a quien creía conocer y le tenía mucha confianza, a tal punto de compartir la intimidad de su casa.
Una noche, Zenaida llegó a pasar la noche con Sonia y le explicó que Billy A., su hermano menor, tenía un negocio en el estado de Oaxaca, en México, donde estaba contratando personal para lavar platos y cocinar por 15 días a cambio de $500 diarios.
En un primer momento, Sonia dijo que no estaba interesada, sin embargo, la amiga continuó insistiendo por varios días hasta lograr convencerla y planificar el viaje que fue costeado por la imputada.
La travesía
Según el expediente judicial, la madrugada del 3 de diciembre de 2016, ambas mujeres salieron rumbo a Guatemala donde se subieron en otro autobús que las llevó a la frontera Tecun Umán, paso fronterizo con México.
La víctima notó que su amiga manejaba a la perfección el camino por lo que se sintió segura. Zenaida le comentó que se dedicaba a trasladar personas que deseaban llegar a Estados Unidos y que además estaba acompañada sentimentalmente con Romario, un mexicano que conoció hace muchos años; todo esto era nuevo para Sonia por lo que le pareció extraño.
Se subieron a bordo de una mototaxi que las llevó hasta una embarcación en la que cruzaron el río de una pequeña localidad donde los esperaría Romario con quien se hospedaron en un mesón donde estuvieron hasta que Zenaida se comunicó con su hermano para pedirle $105 y poder llegar a Oaxaca.
Con el dinero retirado de un banco, Romario, Zenaida y Sonia se subieron a un vehículo con destino a un pueblo llamado Matías Romero, en Oaxaca, lugar al que llegaron en horas de la mañana del 5 de diciembre.
Estando ya instalados, Sonia conoció a Billy quien la llevó al lugar donde iba a trabajar que resultó ser una cervecería llamada «Venus Bar» en el que no iba a lavar platos sino que vender cervezas por $2.64 cada una, donde la mitad de la ganancia sería para ella.
A pesar de quedar en evidencia que todo lo prometido por su amiga fue una mentira, Sonia decidió quedarse ya que no tenía dinero para regresar al país.
La coca y la cerveza la convirtieron en prostituta
Luego de tres días de arduo trabajo en el bar, los cuatro salieron a beber unas cervezas a otro bar cercano. Se sentaron alrededor de una pequeña mesa y comenzaron a beber, el lugar era ensordecedor y estaba lleno de personas.
Billy y Zenaida tenían como meta embriagar lo más que pudieran a Sonia quien al estar casi inconsiente recibió una pequeña bolsa con cocaína que tras la insistencia de sus acompañantes inhaló. “Con eso no la vas a pasar ebria y así podrás ir a trabajar mañana y no vas a sentir nada”, le explicó Billy.
Llegado el momento de pagar la cuenta, los involucrados en el caso constataron que no tenían dinero paga pagar las bebidas, pero al fondo del bar vieron a un hombre al que le pidieron les ayudara a solventar su problema.
Mientras Billy le pedía prestado los $184 que necesitaban, el prestamista no le despegaba la vista a Sonia, a quien le terminó ofreciendo la ayuda a cambio de tener relaciones sexuales con ella. El trato fue aceptado por Billy quien llevó a la fuerza a la mujer que terminó en un motel con el desconocido.
Minutos después, Sonia regresó al bar donde la esperaban los demás, no dijo ni una sola palabra. Aquel hombre le entregó a Billy un dinero extra para la mujer a quien este prometió guardárselos mientras le pasaba la borrachera, sin embargo, esto nunca pasó.
El supuesto secuestro
Sonia se despertó a las 10:00 a.m.del día siguiente y en medio de la resaca se dio cuenta que estaba sola, con las puertas cerradas con candados, sin nada que comer y beber se comenzó a desesperar a tal punto de ingerir agua sucia de una pila.
12 horas más tarde, los imputados llegaron acompañados de unos amigos, todos en estado de ebriedad, algo que Sonia aprovechó para salir y buscar algo que comer. Además necesitaba conexión a Internet para comunicarse con su familia en El Salvador.
Una vez en línea, Sonia comenzó a recibir decenas de mensajes de varios familiares que se mostraban preocupados al no tener noticias de su paradero. Inmediatamente la mujer llamó a su casa para aclarar que se encontraba con bien.
“¿Hija, es cierto que usted estás secuestrada?”, fue la primer pregunta que su madre le hizo y que Sonia extrañada contestó que no. “Es que recibimos una llamada de un hombre donde nos dijo que Zenaida y vos estaban secuestradas. Nos pidieron $1,500 por tu rescate. Nosotros ya pagamos.”, le dijo su madre.
El escape
Con el panorama aclarado, la progenitora de Sonia le recomendó que se regresara al país lo más pronto posible, algo que llevó a Sonia a regresar a la casa para sacar sus cosas de manera sigilosa sin que nadie se diera cuenta.
Como última parada en el pueblo, la mujer decidió llegar al bar a contarle todo lo que vivió a una de sus compañeras de trabajo para pedirle que le regalara dinero porque no tenía dinero para regresar a su país.
Fueron $18 los que la llevaron hasta la frontera de México y Guatemala, sin saber que hacer, le comentó lo sucedido a un hombre que viajaba hasta San Vicente, El Salvador, quien se compadecido de ella y le pagó el viaje. En la frontera su familia la estaba esperando luego de varios días de no verlos.
En 2017, medios mexicanos informaron que el bar donde había laborado fue clausurado por las autoridades luego de denuncias de prostitución de menores y acciones irregulares.
De regreso en el país, Sonia vio a los hermanos en Plaza Mundo y por temor a que estos tomaran represarías en su contra decidió denunciarlos.
El caso pasó hasta el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador donde enfrentarán juicio por tráfico ilegal de personas con fines a la prostitución.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
