Judicial
Representante de QUIMAGRO SA. de CV presenta petición para destituir al Fiscal general
El empresario Antonio Vega, representante de QUIMAGRO, SA. de CV., presentó esta día una petición de destitución en contra del Fiscal general de la República, Douglas Meléndez ante la Asamblea Legislativa.
El documento presentado por Vega señala un incumplimiento legal por parte del Fiscal general así como incompetencia del mismo en el ejercicio de sus funciones, tras una serie de atropellos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en los que Vega se considera víctima de los mismos.
En especial en el caso de prevaricato contra tres exmagistrados entre ellos Rodolfo González y Florentín Meléndez, quienes firmaron una sentencia ilegal a beneficio de un banco trasnacional, en perjuicio de la sociedad que representa.
Sin embargo, el titular del ministerio púbico tardó casi un año en resolver y lo hizo de forma ilegal, al ignorar que una interlocutoria es una sentencia conforme a la ley.
«Estoy presentando una petición de destitución del fiscal. Lo que me motiva como ciudadano es el incumplimiento en las funciones que le corresponden y por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones conforme al artículo A y B, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en relación al artículo 192, inciso 2 de la Constitución», dijo Vega.
Antonio Vega enfatizó que «hay una serie de atropellos por los que me considero víctima de la Fiscalía General de la República, ya que el fiscal no atendió un aviso por un posible prevaricato contra los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional Amelida de Hernández, Rodolfo González y Florentín Meléndez, quienes firmaron una sentencia ilegal, bochornosa, por lo que fue presentando un aviso a la FGR en los plazos establecidos y la Fiscalía se llevó 200 días en responder, mandandolo al archivo», resaltó.
«Nosotros tenemos una demanda desde hace 22 años por un contrato de administración con una empresa internacional, que incumplió con el contrato y que no ha cumplido. Hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional en 2010 que pide que la Sala de lo Civil emita una sentencia en el caso, la Sala falló a favor de nuestros intereses y la Sala de los Constitucional en 2016 le dio vuelta a esa resolución a lo ordenado por la Sala de lo Civil, lo que implicó que en ese momento se volviera el caso bajo principio que no tienen nada de legal, en vista de esa resolución interlocutoria se presentó el aviso a la fiscalía», expuso Vega.
Los hechos por los que se pedirá la destitución de Douglas Meléndez Ruiz se remontan al 17 de octubre de 2016 cuando se interpuso una petición en la FGR para que se investigara a los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional; sin embargo, a la fecha el titular del ministerio público no se ha pronunciado al respecto.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
