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Representante de QUIMAGRO SA. de CV presenta petición para destituir al Fiscal general

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El  empresario Antonio Vega, representante de QUIMAGRO, SA. de CV., presentó esta día una petición de destitución en contra del Fiscal general de la República, Douglas Meléndez ante la Asamblea Legislativa.

El documento presentado por Vega señala un incumplimiento legal por parte del Fiscal general así como incompetencia del mismo en el ejercicio de sus funciones, tras una serie de atropellos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en los que Vega se considera víctima de los mismos.

En especial en el caso de prevaricato contra tres exmagistrados entre ellos Rodolfo González y Florentín Meléndez, quienes firmaron una sentencia ilegal a beneficio de un banco trasnacional, en perjuicio de la sociedad que representa.

Sin embargo, el titular del ministerio púbico tardó casi un año en resolver y lo hizo de forma ilegal, al ignorar que una interlocutoria es una sentencia conforme a la ley.

«Estoy presentando una petición de destitución del fiscal. Lo que me motiva como ciudadano es el incumplimiento en las funciones que le corresponden y por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones conforme al artículo A y B, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en relación al artículo 192,  inciso 2 de la Constitución», dijo Vega.

Antonio Vega enfatizó que «hay una serie de atropellos por los que me considero víctima de la Fiscalía General de la República, ya que el fiscal no atendió un aviso por un posible prevaricato  contra los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional Amelida de Hernández, Rodolfo González y Florentín Meléndez, quienes firmaron una sentencia ilegal, bochornosa, por lo que fue presentando un aviso a la FGR en los plazos establecidos y la Fiscalía se llevó 200 días en responder, mandandolo al archivo», resaltó.

«Nosotros tenemos una demanda desde hace 22 años por un contrato de administración con una empresa internacional, que incumplió con el contrato y que no ha cumplido. Hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional en 2010 que pide que la Sala de lo Civil emita una sentencia en el caso, la Sala falló a favor de nuestros intereses y la Sala de los Constitucional en 2016 le dio vuelta a esa resolución a lo ordenado por la Sala de lo Civil, lo que implicó que en ese momento se volviera el caso bajo principio que no tienen nada de legal, en vista de esa resolución interlocutoria se presentó el aviso a la fiscalía», expuso Vega.

Los hechos por los que se pedirá la destitución de Douglas Meléndez Ruiz se remontan al 17 de octubre de 2016 cuando se interpuso una petición en la FGR para que se investigara a los anteriores magistrados de la Sala de lo Constitucional; sin embargo, a la fecha el titular del ministerio público no se ha pronunciado al respecto.

 

 

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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