Judicial
Condena de 14 años para dos ancianos tras el abuso a una menor
La mañana de este miércoles, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron sobre la condena de dos ancianos por la violación de una menor de edad.
Elementos de la FGR manifestaron que la condena fue de 14 años de cárcel para Rafael Antonio Rodríguez, de 72 años de edad; y tres años de prisión contra María N., de 57 años de edad; después de que un tribunal los encontrara culpables de los delitos de violación en menor e incapaz e inducción, promoción y favorecimiento en actos sexuales o eróticos; en un hecho ocurrido en el mes de agosto de 2016, en una casa ubicada en el municipio de San Julián, del departamento de Sonsonate.
Según el reporte, Rodríguez fue detenido por una orden administrativa el 28 de noviembre de 2017; y María N., quien es abuela de la menor, fue capturada por orden administrativa de fecha 29 de noviembre de 2017; enfrentando la Vista Pública en el Tribunal de Segundo de Sentencia de Sonsonate, el 30 de agosto de 2018.
Durante la Vista pública, la fiscal del caso presentó pruebas de tipo pericial, documental, incluyendo la declaración anticipada de la víctima, entre otras, evidencias que fuñeron valoradas por el Tribunal, para condenar a Rafael Antonio Rodríguez a 14 años de prisión y a María N. a tres años de cárcel, aunque estos le fueron sustituidos por trabajos de utilidad pública.
Autoridades de la Fiscalía sostuvieron que la investigación inició mediante aviso recibido por parte de personal del Hospital Nacional de Sonsonate “Doctor Jorge Mazzini Villacorta”, quienes manifestaron que la menor se presentó al hospital acompañada de la agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) narrando que su propia abuela la había vendido con un “señor para que este la violara” y por tal razón ella decidió huir de casa.
La joven víctima explicó que su mamá la dejó con la abuela paterna, y que al día siguiente la “abuela María habló con un señor diciéndole que tenía que salir con él”, a pesar de que ella no quería y si negó.
Sin embargo, que el hombre la agarró de la mano y la subió a un carro a la fuerza, llevándola a una casa, obligándola a entrar a un cuarto, donde la desvistió y la violó hasta hacerla sangrar. Luego de unas tres horas, Rodríguez le dio 10 dólares y la llevó de regreso donde la abuela, quien se hizo la “enojada”, como que no sabía nada, diciéndole “dame el dinero que te dio” y le quito los diez dólares.
Asimismo, trascendió que fue abusada sexualmente por otros siete sujetos a los que conoce por sus apodos.
Foto Referencia.
Por: El Blog.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
