Judicial
Condena de 14 años para dos ancianos tras el abuso a una menor
La mañana de este miércoles, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron sobre la condena de dos ancianos por la violación de una menor de edad.
Elementos de la FGR manifestaron que la condena fue de 14 años de cárcel para Rafael Antonio Rodríguez, de 72 años de edad; y tres años de prisión contra María N., de 57 años de edad; después de que un tribunal los encontrara culpables de los delitos de violación en menor e incapaz e inducción, promoción y favorecimiento en actos sexuales o eróticos; en un hecho ocurrido en el mes de agosto de 2016, en una casa ubicada en el municipio de San Julián, del departamento de Sonsonate.
Según el reporte, Rodríguez fue detenido por una orden administrativa el 28 de noviembre de 2017; y María N., quien es abuela de la menor, fue capturada por orden administrativa de fecha 29 de noviembre de 2017; enfrentando la Vista Pública en el Tribunal de Segundo de Sentencia de Sonsonate, el 30 de agosto de 2018.
Durante la Vista pública, la fiscal del caso presentó pruebas de tipo pericial, documental, incluyendo la declaración anticipada de la víctima, entre otras, evidencias que fuñeron valoradas por el Tribunal, para condenar a Rafael Antonio Rodríguez a 14 años de prisión y a María N. a tres años de cárcel, aunque estos le fueron sustituidos por trabajos de utilidad pública.
Autoridades de la Fiscalía sostuvieron que la investigación inició mediante aviso recibido por parte de personal del Hospital Nacional de Sonsonate “Doctor Jorge Mazzini Villacorta”, quienes manifestaron que la menor se presentó al hospital acompañada de la agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) narrando que su propia abuela la había vendido con un “señor para que este la violara” y por tal razón ella decidió huir de casa.
La joven víctima explicó que su mamá la dejó con la abuela paterna, y que al día siguiente la “abuela María habló con un señor diciéndole que tenía que salir con él”, a pesar de que ella no quería y si negó.
Sin embargo, que el hombre la agarró de la mano y la subió a un carro a la fuerza, llevándola a una casa, obligándola a entrar a un cuarto, donde la desvistió y la violó hasta hacerla sangrar. Luego de unas tres horas, Rodríguez le dio 10 dólares y la llevó de regreso donde la abuela, quien se hizo la “enojada”, como que no sabía nada, diciéndole “dame el dinero que te dio” y le quito los diez dólares.
Asimismo, trascendió que fue abusada sexualmente por otros siete sujetos a los que conoce por sus apodos.
Foto Referencia.
Por: El Blog.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
