Judicial
Reportan segundo caso de agresión sexual cometida en terminal del SITRAMSS de Soyapango
La tarde de este martes, el Centro Judicial “Isidro Menéndez” compartió la información de un segundo caso de condena emitida a un sujeto, por uno de los Tribunales de Sentencia de San Salvador, tras ser acusado por agresión sexual cometida en contra de un menor de edad.
Hoy, el Tribunal 1º de Sentencia impuso la pena de 20 años de prisión a H. Medrano, por cometer esa falla judicial en perjuicio de un menor de 14 años, misma que ejecutó el 5 de diciembre de 2017 cuando se encontraba en los baños de la terminal del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMS), en Soyapango.
Ese día, el imputado ingresó a los sanitarios y al ver a la víctima este le dijo que ingresara a uno de los baños, y fue ahí en donde tocó la parte genital del afectado, quien posterior recibió un dólar.
Estas acciones continuaron y sucedieron más de cinco veces, entre los meses de septiembre y diciembre de 2017.
Además de la agresión sexual, el imputado también fue procesado por violación en menor o incapaz de forma continuada, cometida siempre con el mismo joven.
Medrano encontró a la víctima en el parqueo de un supermercado situado en Soyapango, en donde con engaños lo llevó hacia un carro de su propiedad en donde lo violó.
El segundo caso de condena
El pasado 21 de agosto de este 2018, Roberto Martínez Martí fue condenado por el Tribunal 3° de Sentencia a ocho años de prisión, luego de haber sido encontrado culpable del delito de agresión sexual cometido en contra de un niño.
En esta ocasión, la víctima también fue atacada cuando se encontraba en un baño público en la terminar del SITRAMSS, en el mismo municipio, según la información proporcionada por las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2017, alrededor de las 12:30 del mediodía. El niño se encontraba dentro de uno de los sanitarios cuando ingresó el sujeto lo tomó de las manos y empezó a tocarle sus partes íntimas. A la vez, el hombre lo obligó a que también lo tocara a él.
Al ver que el niño intentaba gritar y pedir auxilio, Martínez Martí le tapó la boca. Sin bastarle la agresión cometida, el imputado obligó a que le practicara sexo oral mientras grababa la acción con el teléfono celular que portaba.
Por: Carmina Castro/ El Salvador Times
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
