Judicial
Raúl Mijango irá a juicio junto a otros pandilleros por el delito de extorsión a empresa arrocera

El juzgado especializado de instrucción «B» envió al exmediador de la denominada «tregua entre pandillas», Raúl Mijango y 17 pandilleros más irán a juicio acusado por extorsionar a una empresa arrocera.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) Mijango organizó a pandilleros de la MS y 18 sureños para extorsionar a la empresa, en el año 2010 con $18 mil, pero en 2012, Mijango junto a los pandilleros negociaron bajar el monto a $6 mil, posteriormente pedían productos alimenticios. En total habrían recibido unos $300,000.
Meses antes la fiscalía acusó a Raúl Mijango de estar involucrado en el asesinato de una persona, presumiblemente pandillero, por «no hacer caso para reducir los homicidios», el crimen se habrían cometido el 19 de octubre de 2012 en un centro penal; la víctima fue envenenada. Todo esto, según el Ministerio Público, ocurrió en el marco de la tregua.
Según un testigo presentado por la FGR Mijango le dijo a otros cabecillas «ustedes ya saben que hacer», lo que interpretan como una orden para matar al criminal.
También en agosto de 2017, Mijango, el exdirector de centros penales, Nelson Rauda y 18 personas más fue procesados por el Caso Tregua, y aunque fueron exonerados de cargos, esta semana se ordenó la reapertura del caso.
POR: El Salvador Times.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
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Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.