Judicial
Procesan a importadores de camarón congelado por evadir impuesto
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que n representante legal de una empresa importadora, un motorista y un transportista son procesados por el delito de contrabando de mercadería al presentar documentación falsa e irregular al introducir al país, 15 mil libras de camarón congelado.
Los imputados son: Ramón German Mejía Delgado, representante legal de la empresa que importó los alimentos desde Nicaragua; Nelson Amaya Lovo, motorista del contenedor; y José Asunción García Villatoro, transportista.
De acuerdo a Fiscales de la Unidad de Intereses del Estado de la oficina de San Miguel, los camarones congelados se introdujeron al país a través del contenedor C-89154, procedentes de Nicaragua, el pasado 4 de julio como a las 10:00 de la mañana en la aduana terrestre El Amatillo de La Unión.
En su momento, ante las autoridades los responsables de la importación declararon un total de 340 bultos, valorados en US$20,747.13, cuyo impuesto se estimó en US$2,697.13.
Sin embargo, en los registros de control aduanal, se detectó que no se había presentado la declaración de Tránsito Internacional de Mercancías.
Al investigar se estableció que había una doble documentación, la falsa y la verdadera, para el mismo medio de transporte.
En la que se determinó que se habían introducido al país 341 bultos de camarón, valorados en US$57,712.02, y que el impuesto a pagar era de US$11,577.44.
Por lo que las autoridades de aduana establecieron que la Hacienda Pública había dejado de percibir en impuestos aduanales US$8,880.13.
Lo que implica, de acuerdo a un valúo y casación que establecen las leyes fiscales, 300% de impuesto real, multa y el valor del producto, lo que implica que los imputados y responsables de la importación de camarón congelados tendrán que pagar hoy US$190,503.78.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
