Judicial
Audiencia “Caso Benítez” por lavar más de $17 millones
La Fiscalía General de la República (FGR), comunicó, que hoy a las 2:00 p.m., se desarrolla en San Salvador, la audiencia de imposición de medidas en contra del exalcalde Cristóbal Benítez y tres de sus parientes, quienes enfrentan el delito de lavado de dinero y activos, por más de $17 millones.
Los involucrados en este proceso son Cristóbal Benítez Canales, Noemy Argentina Flores de Canales, Santos Francisco Benítez Canales y Juan Carlos Benítez Canales, estos últimos hermano y sobrino del exedil.
La investigación en este caso se ha desarrollado a partir del año 2010, cuando Cristóbal Benítez Canales, venía participando en actividades ligadas al tráfico ilícito de drogas y por lo que fue capturado y procesado. El 18 de enero de 2016, el Tribunal Especializado de Sentencia de San Miguel, lo declaró culpable y lo condenó a 13 años de prisión.
Posteriormente, las investigaciones abiertas llevaron a determinar que tanto el señor Benítez Canales como parte de su familia, así como empresas formadas por ellos presentaron flujos altos de dinero, reflejando un incremento patrimonial que no fue coherente con los ingresos reportados legalmente al Ministerio de Hacienda. Fue así como se inmovilizaron los bienes registrados a nombre de los vinculados en este caso, ya que se estableció que lavaron un monto total de $17,805,077.28.
Entre los inmuebles intervenidos a esta familia, se encuentra el Estadio Correcaminos, ubicado en San Francisco Gotera, Morazán, inmueble que ayer fue materializado por la Unidad Fiscal Especializada de Extinción de Dominio. Los demás inmuebles intervenidos se encuentran ubicados en el Oriente del país.
La solicitud de imposición de medidas fue presentada ante el Juzgado Especializado de Instrucción B en San Salvador, ante el cual se pedirá decrete la instrucción del proceso con la detención provisional para cada uno de los involucrados.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
