Judicial
Prisión provisional para miembros de la red que vendía vehículos alquilados
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que un juez de San Salvador resolvió decretar la instrucción formal del proceso penal y la detención provisional para 5 personas, al quedar establecida su participación en delitos relacionados a la venta fraudulenta de vehículos y que eran alquilados en diferentes negocios. Bajo órdenes administrativas, fueron capturados el pasado 2 de los corrientes.
El fiscal de la Unidad Especializada de Hurto y Robo de Vehículos explicó que el Juzgado 15° de Paz instaló la audiencia inicial en contra de los acusados, a quienes se les atribuyen delitos de Estafa, Falsedad ideológica, Apropiación indebida de vehículo y otros.
“Hemos aportado suficientes elementos iniciales de prueba y a criterio del juzgador son suficientes para acreditar tanto la existencia de los delitos, como la participación de los involucrados”, detalló el fiscal. Es así como se ha resuelto que permanezcan bajo detención preventiva hasta que se celebre la audiencia preliminar.
Los acusados son: René Stanley Ramos Hernández, José Eduardo Gaitán Aldana, Williams Francisco Villalta Pineda Jobab Isaí Segura Gómez y Evelyn Jennette Castillo Ramírez.
Las investigaciones establecen que, en el año 2019, los imputados formaron una red de dedicada a rentar vehículos que luego vendían a otras personas con documentación falsa, utilizando tramitadora de la Plaza Mariachi en esta capital.
Se lograron identificar un total de ocho vehículos rentados, apropiados y vendidos de forma fraudulenta y con lo que se estima que estafaron a sus víctimas hasta por un monto aproximado de $75,000.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
