Judicial
Presidente de la CSJ asegura que suspensión de plazos judiciales y procesales deben suspenderse por ley de emergencia, ante opinión de juez Antonio Durán
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda Navas insistió en una misiva enviada a la Asamblea Legislativa, la necesidad de suspensión de los plazos administrativos judiciales y procesales mientras dure la vigencia de la ley de emergencia o cuarentena por COVID-19.
La propuesta del presidente de la CSJ, surge luego que el juez Antonio Durán emitiera una opinión en su cuenta de Facebook, en la cual contradice los últimos pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional, así como la disposición transitoria de suspensión de plazos administrativos judiciales y procesales.
La opinión de Durán no ha sido bien vista por el sector jurídico del país teniendo en cuenta que él, ejerce como juez interino y crea graves condiciones que rompe el estado de derecho, así como también incertidumbre a los derechos humanos de las personas que están siendo judicializadas, pues no tienen clara su estado procesal.
Para el presidente del Órgano Judicial, la detención de los plazos es necesaria por estar dentro de la mencionada ley: “lo cual por criterios técnicos no permitiría, de manera regular, a los usuarios y a los servidores judiciales desarrollar sus actividades con normalidad”.
La opinión del juez Durán provocó preocupación y confusión en abogados litigantes, quienes ante las dificultades de movilización consideraron peligroso que el razonamiento de Durán fuera el mismo de todo el sistema judicial, pues éstos están corriendo desde el lunes 25 de mayo).
“Los jueces no podemos suspender los plazos judiciales en cada caso concreto”, escribió el juez Durán en su momento.
Sin embargo, CSJ emitió su postura oficial en la que señala que los plazos judiciales, procesales y administrativos deben mantenerse durante el tiempo que dure la cuarentena.
“Me pronuncio en carácter personal, que la suspensión de los plazos judiciales y administrativos, es necesaria al estar dentro de la vigencia de un decreto de emergencia o cuarentena, que en virtud de criterios técnicos no permitiera, de manera regular, a los usuarios y a los servidores judiciales desarrollar sus actividades con normalidad”, asegura Pineda Navas en la carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce.
El parlamento consultó a la Corte Suprema de Justicia si consideraban necesario que se emitieran disposiciones en el sentido de mantener la suspensión de los plazos, a lo que Navas respondió de manera categoría que sí es necesario mantener la vigencia de la suspensión.
“Por lo anterior, tendrá que ser dentro de un decreto de emergencia que emitiera esa Asamblea, en el que se incorpore la Suspensión de los plazos judiciales y administrativos, por el tiempo de vigencia del referido cuerpo de ley, de conformidad a los parámetros dictados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, finaliza la nota que contiene la firma del presidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
