Judicial
Policía involucrado en feminicidio de agente Carla Ayala será procesado en libertad
El Juzgado Sexto de Instrucción de Salvador resolvió deja en libertad al agente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Josué Pérez Pineda, quien es acusado de incumplimiento de deberes en el feminicidio agravado de la agente Carla Ayala.
El juzgado tuvo a bien liberar a Pérez Pineda para ser procesado en libertad, según lo ratificó La Cámara Tercera de lo Penal de esta capital.
El juez del caso basó su decisión en que el delito por el que debe responder el agente tiene una pena de más de tres años de cárcel.
Sin embargo, ni el Ministerio Público ni la querella, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), le habían manifestado que existiera otra acusación contra él por un delito más grave.
Con el fallo del tribunal superior, Pérez Pineda podrá recuperar su libertad, pero con el uso de un brazalete electrónico, a más tardar el próximo miércoles, explicó su abogado, Luis Servellón.
Las autoridades han atribuido el asesinato al expolicía élite, Juan Josué Castillo Arévalo, quien está prófugo desde el 29 de diciembre pasado, cuando fue cometido el hecho. Por este caso, nueve policías y dos civiles más están siendo procesados.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
