Judicial
PNC monta perímetro de seguridad alrededor de la casa del magistrado Escalante para hacer cumplir el arresto domiciliar
“La FGR ha recibido la resolución de la Cámara Primero de lo Penal. El equipo fiscal la analizará y preparará la apelación. Esta institución sostiene que el magistrado Escalante cometió una agresión en menor y no una falta”, dijo la Fiscalía, institución que desde un principio mostró su inconformidad con la resolución.
Por tal motivo, la noche de este viernes, el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, fue intimado en su casa por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en cumplimiento al oficio de la Cámara Primera de lo Penal sobre su arresto domiciliar.
Escalante permanecerá en esta condición mientras la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelve el recurso que la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso por el caso de la menor agredida.
Inicialmente Escalante sería procesado por agredir a la pequeña de 10 años de edad, pero los jueces Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, de la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, decidieron no llevar a juicio al magistrado Escalante porque acordaron que lo que él hizo no puede ser considerado un delito, sino una falta.
Por su parte, las autoridades de la Policía confirmaron que montaron el perímetro de seguridad en los alrededores de la casa del magistrado Escalante, mientras la Sala de lo Penal resuelve el recurso que interpuso la FGR.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
