Judicial
Pandilleros reciben condenas milenarias por 27 homicidios en el oriente del país
Dos pandilleros que pertenecían a una estructuras de pandillas que delinquían entre los departamentos de Usulután y San Miguel, en la zona oriental de El Salvador, recibieron condenas de más de 1,000 años de prisión durante el juicio que se realizó en el Tribunal Especializado de Sentencia en San Miguel.
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que entre las condenas milenarias, figura la del terrorista Cristian Alexander Vigil Campos, quien recibió una sentencia de 1,216 años de cárcel, por 27 asesinatos, planificación e intentos de homicidios y organizaciones terroristas.
Junto a éste, también fue sentenciado Jhonathan Osmín Gómez Granados, a purgar una pena de 1,008 años de prisión por homicidio agravado, extorsión agravada y organizaciones terroristas. «Estos hechos fueron cometidos por ambos pandilleros entre el 2002 y 2019, en Usulután y San Miguel», indicó la FGR.
A estas condenas se suman la del exsecretario de la alcaldía de El Tránsito, en San Miguel, Ángel Antonio Quintanilla, quien recibió una sentencia de 48 años de prisión por financiar actos de terrorismo, organizaciones terroristas y homicidio agravado en calidad de cómplice necesario.
Así mismo, el Tribunal también condenó a Róger Gálvez Durán a 58 años de prisión por organizaciones terroristas, homicidio agravado y por financiar diversos actos de terrorismo.
«Según las investigaciones, en un terreno de Gálvez fueron exhumados aproximadamente 11 cuerpos de personas que habían sido privadas de libertad, y posteriormente asesinadas por la estructura delincuencial», detalló el ente fiscal.
En este mismo proceso, la FGR también acusa al exalcalde de El Tránsito, Roel Werner Martínez Romero, por los delitos de homicidio, financiación de actos de terrorismo y organizaciones terroristas, cuya resolución será dada a conocer por el juez, hasta la próxima semana.
Por el delito de tráfico ilegal de personas, Alejandro Pascual Rivera fue condenado a ocho años de prisión.
El fiscal del caso dijo que Rivera engañó a cuatro personas de nacionalidad ecuatoriana y les cobró $1,000 dólares para llevarlos de manera ilegal a los Estados Unidos de América. El imputado les dijo que los pasaría por puntos ciegos (puntos fronterizos no autorizados)
La investigación indica que el día ocho de octubre del 2022, agentes policiales hacían un control vehicular a la altura de la carretera que de Santa Ana conduce a Candelaria de la Frontera y al intervenir el autobús donde viajaban las víctimas con el imputado, les localizaron y Rivera fue capturado.
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Jacqueline Liseth M. D., de 44 años, acusada del delito de lesiones muy graves en perjuicio de Marcelo M., de 49 años.
De acuerdo con la información judicial, los hechos ocurrieron el 12 de mayo de 2026 en la urbanización El Milagro, en el distrito de Santa Ana, cuando la víctima se encontraba departiendo con otras personas.
Según el reporte, el afectado observó la llegada de una pareja que, tras varios minutos, inició una discusión. Al percatarse de que ambos se encontraban alterados, intervino con el propósito de mediar la situación y les pidió que se calmaran.
Sin embargo, la imputada presuntamente le propinó un golpe con un objeto contundente en el ojo derecho, ocasionándole una fractura facial. Posteriormente, huyó del lugar.
La víctima fue auxiliada por familiares y trasladada a un centro asistencial. Debido a la gravedad de las lesiones, fue referido a un hospital en San Salvador, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció ingresado durante cinco días.
Según el informe médico, Marcelo M. sufrió la pérdida total del ojo derecho y una fractura en el pómulo. Asimismo, el Instituto de Medicina Legal determinó que las lesiones sanarán en aproximadamente 90 días, período que también corresponde a la incapacidad otorgada, además de establecer una secuela permanente por la pérdida del ojo derecho.
El vigilante Franklin Gilberto Cartagena Moreno fue enviado a prisión provisional tras ser acusado de sustraer dos armas de fuego de la ferretería donde laboraba, ubicada en la avenida Juan Aberle y avenida Monseñor Romero, en San Salvador.
Durante la audiencia en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador, la Fiscalía General de la República indicó que el hecho ocurrió el 9 de mayo de 2026, cuando otro vigilante del establecimiento notó la ausencia de su arma de fuego y la del ahora procesado.
De acuerdo con la investigación, al realizar una verificación interna se determinó que Cartagena Moreno habría sustraído el armamento, entre el que se incluyen un revólver calibre 38 y una escopeta calibre 12, además de tres radios portátiles, seis cartuchos calibre 12, 12 cartuchos calibre 38, un cinturón táctico, funda y otros accesorios.
El caso fue denunciado ante las autoridades, quienes posteriormente ubicaron al sospechoso. En coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se ejecutó un allanamiento que permitió la recuperación de las armas y demás objetos reportados como hurtados.
Durante el procedimiento también se le decomisó una porción de marihuana. La Fiscalía lo acusa de los delitos de hurto agravado, así como de posesión y tenencia.
