Judicial
Pandilleros reciben condenas milenarias por 27 homicidios en el oriente del país
Dos pandilleros que pertenecían a una estructuras de pandillas que delinquían entre los departamentos de Usulután y San Miguel, en la zona oriental de El Salvador, recibieron condenas de más de 1,000 años de prisión durante el juicio que se realizó en el Tribunal Especializado de Sentencia en San Miguel.
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que entre las condenas milenarias, figura la del terrorista Cristian Alexander Vigil Campos, quien recibió una sentencia de 1,216 años de cárcel, por 27 asesinatos, planificación e intentos de homicidios y organizaciones terroristas.
Junto a éste, también fue sentenciado Jhonathan Osmín Gómez Granados, a purgar una pena de 1,008 años de prisión por homicidio agravado, extorsión agravada y organizaciones terroristas. «Estos hechos fueron cometidos por ambos pandilleros entre el 2002 y 2019, en Usulután y San Miguel», indicó la FGR.
A estas condenas se suman la del exsecretario de la alcaldía de El Tránsito, en San Miguel, Ángel Antonio Quintanilla, quien recibió una sentencia de 48 años de prisión por financiar actos de terrorismo, organizaciones terroristas y homicidio agravado en calidad de cómplice necesario.
Así mismo, el Tribunal también condenó a Róger Gálvez Durán a 58 años de prisión por organizaciones terroristas, homicidio agravado y por financiar diversos actos de terrorismo.
«Según las investigaciones, en un terreno de Gálvez fueron exhumados aproximadamente 11 cuerpos de personas que habían sido privadas de libertad, y posteriormente asesinadas por la estructura delincuencial», detalló el ente fiscal.
En este mismo proceso, la FGR también acusa al exalcalde de El Tránsito, Roel Werner Martínez Romero, por los delitos de homicidio, financiación de actos de terrorismo y organizaciones terroristas, cuya resolución será dada a conocer por el juez, hasta la próxima semana.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
