Judicial
Pandilleros reciben condenas milenarias por 27 homicidios en el oriente del país
Dos pandilleros que pertenecían a una estructuras de pandillas que delinquían entre los departamentos de Usulután y San Miguel, en la zona oriental de El Salvador, recibieron condenas de más de 1,000 años de prisión durante el juicio que se realizó en el Tribunal Especializado de Sentencia en San Miguel.
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que entre las condenas milenarias, figura la del terrorista Cristian Alexander Vigil Campos, quien recibió una sentencia de 1,216 años de cárcel, por 27 asesinatos, planificación e intentos de homicidios y organizaciones terroristas.
Junto a éste, también fue sentenciado Jhonathan Osmín Gómez Granados, a purgar una pena de 1,008 años de prisión por homicidio agravado, extorsión agravada y organizaciones terroristas. «Estos hechos fueron cometidos por ambos pandilleros entre el 2002 y 2019, en Usulután y San Miguel», indicó la FGR.
A estas condenas se suman la del exsecretario de la alcaldía de El Tránsito, en San Miguel, Ángel Antonio Quintanilla, quien recibió una sentencia de 48 años de prisión por financiar actos de terrorismo, organizaciones terroristas y homicidio agravado en calidad de cómplice necesario.
Así mismo, el Tribunal también condenó a Róger Gálvez Durán a 58 años de prisión por organizaciones terroristas, homicidio agravado y por financiar diversos actos de terrorismo.
«Según las investigaciones, en un terreno de Gálvez fueron exhumados aproximadamente 11 cuerpos de personas que habían sido privadas de libertad, y posteriormente asesinadas por la estructura delincuencial», detalló el ente fiscal.
En este mismo proceso, la FGR también acusa al exalcalde de El Tránsito, Roel Werner Martínez Romero, por los delitos de homicidio, financiación de actos de terrorismo y organizaciones terroristas, cuya resolución será dada a conocer por el juez, hasta la próxima semana.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
