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Judicial

Pandilleros pagaban a policías entre $400 y $800 por introducir celulares y otros objetos ilícitos a bartolinas de San Salvador, ya enfrentan juicio

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Al menos 12 personas, entre ellos ocho agentes policiales, enfrentan juicio en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador donde son acusados de introducir objetos ilícitos a las bartolinas ubicadas frente a la Fuerza Naval, inmediaciones del mercado La Tiendona, conocidas como “El Penalito”.

Droga y teléfonos celulares eran, de acuerdo con el testigo criteriado “Dante”, introducidos a los reos con la complicidad de los uniformados; los hechos ocurrieron en 2017. El juicio inició el miércoles y se ha prologando al resto de la semana.

De acuerdo con las investigaciones y el relato del criteriado, los agentes cobraban entre $400 y $800 a los mareros dependiendo de los objetos que introducían, para ello se habían organizado en cuatro formas para introducir los ilícitos.

Una de estas maneras era ingresando pequeños objetos en los alimentos que les entregaban a los reos; la segunda consistía en que un privado de libertad fingía estar enfermo y era sacado para que le dieran asistencia médica, pero cuando regresaba ya traía los objetos en el cuerpo, siempre con la complicidad de los agentes.

También, cuando un policía depositaba en los diferentes basureros que estaban en las bartolinas los objetos para ocultarlos del resto de agentes y él mismo -u otro de sus compañeros- los sacaba para dárselos a los delincuentes.

La última forma consistía en que los policías lanzaban los objetos a una rampla que cubre parte de las bartolinas y desde ahí eran alcanzados por los pandilleros.

Por ese caso, el subcomisionado Juan Armando Huezo Grande y los agentes: Vladimir de Jesús Rodríguez, Óscar Oswaldo Figueroa Borjas, Kenneth Osmel Vásquez Hernández, Moisés Francisco Pérez Ponce, Óscar Armando Escalante Canizales, Jorge Alberto Molina, Manuel de Jesús Fuentes están procesados.

Así como ellos también se acusa a: Nery Gerardo Belloso Ramírez, Irvin Alexander Gracias Torres, José Luis Reyes Díaz, estos últimos son pandilleros y el particular Gerson Daniel Rocha.

Inicialmente la estructura fue acusada de introducir objetos prohibidos a centros penales, incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas, pero en agosto de 2017 el Juzgado Séptimo de Instrucción los absolvió de todos.

Sin embargo, en febrero de 2019 una Cámara reabrió el juicio solo por introducir objetos ilícitos.

Por: El Salvador Times.

Le anota Original Acá.

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Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego

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Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.

Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.

Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.

El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.

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Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.

El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.

Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.

Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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