Judicial
Pandilleros de Izalco reciben condenas de hasta 97 años de cárcel

Hasta penas de 97 años de cárcel fueron condenados seis pandilleros que cometieron varios crímenes entre 2018 y 2019 en varios cantones del distrito de Izalco, Sonsonate Este, así resolvió el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Los procesados, perfilados como integrantes de la pandilla 18 sureños, delinquían en los cantones Cruz Grande, Tapashucut, Tunalmiles y San Diego del Distrito de Izalco, Sonsonate Este.
Los condenados son: José Mauricio Pushagua Reyes, Pablo de Jesús Ajcat Tepas, Saúl Erenesto García García, Noé Omar García Sánchez, José Eliseo Pérez Gómez y José Orlando Quilizapa Shupan.
El juzgador impuso 97 años de cárcel para Pushagua Reyes, alias Wicha, por proposición y conspiración en el homicidio de una mujer en diciembre de 2018, así como por tres homicidios agravados que fueron cometidos en 2019. Además, fue sentenciado por el delito de agrupaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República.
Mientras que, Ajcat Tepas recibió una pena de 45 años en prisión por dos homicidios agravados en perjuicio de dos víctimas y el delito de agrupaciones ilícitas. García García, alias tortuga, fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado por el asesinato de una persona y por agrupaciones ilícitas.
García Sánchez, Pérez Gómez y Quilizapa Shupan fueron condenados a penas de entre cuatro y cinco años de prisión por pertenecer a estructuras criminales.
Durante el juicio, el ministerio público presentó suficiente prueba documental, pericial y testimonial que permitieron al tribunal establecer la participación y responsabilidad de cada uno de los implicados en la comisión de los delitos.
Homicida de madre e hija a prisión
La semana anterior, el Tribunal Quinto Contra el Crimen de San Salvador condenó a 10 años de cárcel a Noé Gustavo Reynosa González, alias Frijol, como responsable del delito de homicidio agravado en perjuicio de las víctimas Guadalupe Bonilla de Flores y Stephani S. B., madre e hija. El crimen ocurrió el 6 de marzo de 2013 en Apopa.
Judicial
Demandarán a Manuel Flores por $250,000

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.