Judicial
Pandilleros de altos rangos dentro de la estructura son condenados por homicidios y otros delitos
Desde el año 2009 hasta el 2017, fue el período que se acreditó el delito de agrupaciones ilícitas a 17 miembros de la Mara Salvatrucha, pertenecientes a cuatro clicas de los Programas Centro y San Marcos. Estos sujetos cometían hechos delictivos en los municipios de San Salvador y San Marcos.
Entre los procesados por el Juzgado Especializado de Sentencia A está Jorge Alberto Castro Ramos con un alto rango dentro de la estructura en la clica “Zurita Locos Salvatrucha”.
De los 17 mareros, tres de ellos fueron condenados por el delito de homicidio agravado en perjuicio de cuatro víctimas a quienes mataron por pertenecer a la pandilla contraria.
También se condenó a Carlos Adán Ortiz Cerna, alias “Lagrima”, por el delito de extorsión agravada. Carlos exigía 40 dólares mensuales al propietario de un parqueo en el centro de San Salvador, en 2017.
La siguientes condenas fue de 45 años de prisión a Misael de Jesús Rivera Constanza, alias “Gasper”; a 25 años a Erick Geovany Martínez Erroa, alias “Colocho”, y Carlos Adán Ortiz Cerna, alias “Lagrima”; a 19 años a Noé Vladimir López López; y a 14 años de cárcel a Jorge Alberto Castro Ramos, alias “El Enano o Diablo Zurita”.
Por el delito de agrupaciones ilícitas fueron sentenciados Josué Raúl García Aguilar, Noé Valencia Nolasco, Oscar Armando Fuentes Dimas, David Alexander Morales Fuentes, Ibel Josué Solórzano Quintanilla, Víctor Hugo Fuentes Dimas, Nicolás Chacón Quintanilla, Gabriel Alexander Osorio Cardoza, Amilcar Antonio Aguilar Lemus, Jefry Enrique Guevara Quintanilla, Rolando Edenilson Pérez Hernández y Rafael Orlando Hernández Aguilar.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Israel López fue condenado a 20 años de prisión por asesinar a un hombre en el cantón Primavera, del distrito El Tránsito, en San Miguel.
El crimen ocurrió en noviembre de 2024, cuando la víctima se encontraba dentro de una milpa y fue atacada por López con un machete en la cabeza y el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.
Las investigaciones revelaron que el acusado mantenía una deuda con la víctima y, tras recibir varios reclamos de pago, decidió cometer el homicidio.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
