Judicial
Mareros son condenados hasta 45 años de cárcel por asesinato
Pandilleros de la 18 son condenados hasta 45 años de cárcel por asesinar al empleado bancario, Cristian Joel Mejía Quezada, en el municipio de San Martín, departamento de San Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador, impuso 45 años de cárcel a Luis Antonio Anzora Hernández, mientras que a los pandilleros Jonathan Josué Carpio Méndez, Víctor Manuel Cruz Parras, Fredy Mauricio Rogel Romero y Miguel Alberto García Carpio, la pena impuesta fue de 35 años en prisión para cada uno.
Al finalizar la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) documentó de manera completa el caso, con suficientes elementos de investigación de carácter documental y pericial, principalmente con el aporte de un testigo clave que relató la manera en la cual privaron de libertad a la víctima, quien laboraba para una agencia bancaria de Soyapango.
La FGR estableció que un cabecilla de la pandilla 18 ordenó asesinar al joven, quien fue privado de libertad el 10 de enero del año 2022, y sus restos fueron exhumados en la finca La Loma, de San Martín.
En la audiencia se estableció como los asesinos planificaron el hecho, Mejía Quezada fue interceptado por los pandilleros de la comunidad Génesis de San Martín, cuando realizaba sus labores como gestor de cobros de la entidad financiera para la que laboraba.
Otros cinco mareros vinculados a esa pandilla también fueron condenados por agrupaciones ilícitas, entre ellos: Orlando Quintanilla Carpio y Kevin Adonay Mejía Sánchez Víctor Manuel Pérez Rivera, Nelson Humberto Carpio y Máximo Orlando Gámez Gil.
Judicial
Condenan a 3 años a Mauricio Ramírez Landaverde, Marco Tulio Lima y otros exfuncionarios por caso Asocambio
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a tres años de prisión por actos arbitrarios a los exfuncionarios Mauricio Ramírez Landaverde, Antonio López, Marcos Tulio Lima y otros, involucrados en el llamado Caso Asocambio.
La pena, sin embargo, fue sustituida por trabajos de utilidad pública por tres meses tomando el cuenta que los acusados ya estuvieron en prisión a la espera del fallo. La entrega formal del fallo se ha programado para el 15 de noviembre.
El exministro de Justicia, Ramírez Landaverde, fue acusado, junto a 18 personas más, por los delitos de peculado, cohecho impropio, actos arbitrarios y falsedad, ya que según la Fiscalía desviaron fondos de las tiendas penitenciarias de la Asociación Yo Cambio.
Los 19 imputados fueron condenados entre 2 y 3 años y a todos se les reemplazó la pena con trabajos de utilidad pública. Por los delitos de peculado, cohecho impropio y falsedad documental fueron absueltos por insuficiencia de pruebas.
Raúl Antonio López, fue viceministro de Seguridad; Marco Tulio Lima, exdirector de Centros Penales; José Roberto Cativo Melara, exdirector Jurídico del Ministerio de Justicia; Luis Barrera Peñate, exdirector Ejecutivo del Ministerio de Justicia, entre otros.
Ramírez Landaverde estuvo en prisión 2 años 8 meses y 11 días. En el caso de Marco Tulio Lima, éste fue condenado a 3 años; y Orlando Molina de igual forma a 3 años, ellos no estuvieron detenidos y deben presentarse a los juzgados para que les asignen las horas sociales.
El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, envió a vista pública a la exalcaldesa de Soyapango Nercy Patricia Montano de Martínez, Ricardo Roque Baires y otros tres acusados por la Fiscalía General de la República de cometer delitos de corrupción.
En la resolución de auto de apertura a juicio se ordena que vayan a juicio por apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de las condiciones laborales, negociaciones ilícitas y actos arbitrarios.
Al finalizar la audiencia preliminar el juzgado admitió las pruebas pertinentes que serán discutidas y analizadas en el juicio que realizará uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador.
A Nercy Montano, la Fiscalía le reprocha que durante su administración incurrió en actividades delictivas que la llevaron a una malversación de $271,760.43, fondos públicos que estaban asignados para proyectos en beneficio de los habitantes de Soyapango.
A Ricardo Arturo Roque Baires, el ministerio público lo señala de una defraudación de $187,530.12. Los otros procesados como ausentes son: Ruth Raquel Aguilar de Montano, Salvador Orlando Montano Méndez y Francisco Henríquez.
Según la acusación con las acciones delictivas, los procesados obtuvieron beneficios propios y se aprovecharon de los fondos de la municipalidad de Soyapango.
La Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado, incorporó al expediente documentos, pericias y testimonios que serán expuestos durante la vista pública.
Los fiscales le detallaron al juzgado que la exalcaldesa al consumar los delitos, afectó el orden socioeconómico, a empleados municipales y a las administradoras de fondo de pensiones.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, notificó este lunes al exalcalde de San Miguel, José Wilfredo Salgado García, mejor conocido como Will Salgado, que en su contra hay un proceso penal por el delito de difamación, promovido por la Fundación Itexsal.
En la demanda presentada se ha pedido que el exfuncionario sea condenado también a pagar $3 millones, dinero que será utilizado para financiar becas para estudiantes.
Ante esa pretensión, Salgado sostuvo que «ellos pueden pedir 20 o 30 millones; lo que ellos quieran. La cosa es pedirlo y otra cosa es que ganen el juicio».
Los abogados de la Fundación Itexsal, cuando presentaron la demanda dijeron que la promoción del expediente tiene su origen en declaraciones publicadas por Salgado en rede sociales, donde aseguró que los fondos públicos que se entrega a la entidad educativa son utilizados para actividades políticas y no para las becas de estudiantes.
Los abogados demandantes cuando llevaron el caso solicitaron al tribunal reserva total, pero en declaraciones previas manifestaron que «La fundación Itexsal se ha fundamentado en todas las conversaciones que de forma irresponsable ha emitido (Salgado), alegando, aduciendo de manera irresponsable que el dinero o los fondos públicos que se le dan a la fundación es utilizado para situaciones que no son propias de la fundación, es decir para situaciones de política».
Los demandantes han dicho que van a aclarar que hay uso transparente de los fondos y que son invertidos en becas para estudiantes. El 5 de septiembre de 2024, cuando fue interpuesta la demanda, padres de familia junto a 270 becarios llegaron al centro Judicial Isidro Menéndez, para rechazar las supuestas declaraciones difamatorias de Salgado.
