Judicial
Mareros son condenados hasta 45 años de cárcel por asesinato
Pandilleros de la 18 son condenados hasta 45 años de cárcel por asesinar al empleado bancario, Cristian Joel Mejía Quezada, en el municipio de San Martín, departamento de San Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador, impuso 45 años de cárcel a Luis Antonio Anzora Hernández, mientras que a los pandilleros Jonathan Josué Carpio Méndez, Víctor Manuel Cruz Parras, Fredy Mauricio Rogel Romero y Miguel Alberto García Carpio, la pena impuesta fue de 35 años en prisión para cada uno.
Al finalizar la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) documentó de manera completa el caso, con suficientes elementos de investigación de carácter documental y pericial, principalmente con el aporte de un testigo clave que relató la manera en la cual privaron de libertad a la víctima, quien laboraba para una agencia bancaria de Soyapango.
La FGR estableció que un cabecilla de la pandilla 18 ordenó asesinar al joven, quien fue privado de libertad el 10 de enero del año 2022, y sus restos fueron exhumados en la finca La Loma, de San Martín.
En la audiencia se estableció como los asesinos planificaron el hecho, Mejía Quezada fue interceptado por los pandilleros de la comunidad Génesis de San Martín, cuando realizaba sus labores como gestor de cobros de la entidad financiera para la que laboraba.
Otros cinco mareros vinculados a esa pandilla también fueron condenados por agrupaciones ilícitas, entre ellos: Orlando Quintanilla Carpio y Kevin Adonay Mejía Sánchez Víctor Manuel Pérez Rivera, Nelson Humberto Carpio y Máximo Orlando Gámez Gil.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
