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Judicial

Pandilleros condenados por extorsión

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La unidad especializada de delitos de Extorsión de la Fiscalía General de la República logró condenar a siete miembros de la pandilla Barrio 18 por el delito de Extorsión Agravada, modalidad continuada, en perjuicio una víctima protegida.

Los sentenciados son:

Nancy Patricia Santos Cruz, Yenmy Adilene Alvarado Peña, Carmen Lucía Palacios Quintanilla, Silvia Aracely Sarmiento Vásquez,

Jennifer Eneyda Paredes López, Nerys Edgardo Morales. Todos condenados a 20 años de prisión por el Ilícito en mención. Mientras que Jonhy Stanley Garcia Rosales fue sentenciado a 10 años.

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que los condenados eran los encargados de recoger el dinero proveniente de la Extorsión, que otros miembros de la misma pandilla exigían a comerciantes y empresarios de la zona norte del departamento de La Libertad y sur poniente de Sonsonate.

Los hechos ocurrieron durante todo el año 2019, en los municipios de Colón, Sacacoyo, Santa Tecla, departamento de La Libertad; y Armenia, Sonsonate.

El juez 1° de sentencia de Santa Tecla validó toda prueba presentada por los fiscales del caso y decidió imponer la pena máxima establecida para el delito de Extorsión a cada imputado.

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Extorsionista es condenado a 15 años de cárcel por exigir $100 a una víctimas en San Miguel

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Desde noviembre de 2018, la víctima comenzó a recibir llamadas exigiéndole 100 dólares mensuales, de lo contrario atentarían contra su vida.

En enero de 2019, cuando la víctima ya no pudo pagar la exigencia, denunció los hechos y se giró una orden administrativa de captura contra Juan Pablo Aguilera Cisneros, quien había sido identificado como el sujeto que llegaba a recoger el dinero.

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel realizó la vista pública y, tras la valoración de las pruebas, impuso 15 años de cárcel a Aguilera Cisneros, quien está perfilado como miembro de una estructura terrorista.

Junto a este sujeto fue capturado un menor de edad, quien ya fue procesado en un Juzgado de Menores de San Miguel.

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Más de 10 años de cárcel para sujeto que acosó sexualmente a dos hermanas en Usulután

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El Juzgado de Sentencia de Usulután condenó a 10 años y ocho meses de prisión a Óscar Antonio Solano Sánchez por acosar sexualmente a dos menores de 14 años, informó la Fiscalía General de la República (FGR)

Los fiscales del caso demostraron mediante diferentes pruebas que Solano les expresó frases sexuales a las víctimas, que son gemelas.

Las víctimas comenzaron a ser hostigadas desde mediados de 2020, cuando el imputado, mediante excusas, las vigilaba en las cercanías de su casa.

«En ocasiones, cuando las ofendidas desarrollaban actividades fuera de la vivienda y encontraban al imputado, les manifestaba frases de contenido sexual», dijo una fuente fiscal.

Antes de ser denunciado, los padres de las menores le reclamaron, pero Solano fue agresivo con ellos.

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Sigifredo Ochoa Pérez condenado a pagar 8 años de cárcel por el delito de peculado

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Sigifredo Ochoa Pérez, exembajador de El Salvador en Honduras, fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de peculado, al apropiarse de $41,040 a través del arrendamiento del local donde funcionó la sede diplomática en ese país.

«Yo no tengo ninguna duda que usted don Sigifredo recibió ese dinero. $800 durante 48 meses y $880 por tres meses», le dijo el juez Mauricio Marroquín Medrano, a Ochoa Pérez, al momento de darle a conocer la condena.

El funcionario judicial expresó que los indicios que aportaron los peritos más el testimonio del exconsul en Honduras, Juan José Figueroa, encaminó a la existencia del cometimiento del delito.

«La lógica indica que usted tenía conocimiento de todos esos elementos de peculado y tuvo una conducta dolosa y antijurídica. El tema de la corrupción es un flagelo mundial y en El Salvador no es la excepción», le reprochó el juez a Ochoa Pérez.

Al fundamentar el fallo, el juez expresó que se está frente a un delito especial propio lo cual acreditó la Fiscalía General de la República con la documentación agregada al expediente.

«Es un delito de infracción de deberes que tenía [Ochoa Pérez] la responsabilidad de la administración de los bienes de la embajada en Honduras y tenía que cuidar los fondos públicos. La corrupción afecta mucho los derechos humanos de la población», recalcó Marroquín Medrano.

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La Fiscalía General de la República lo acusó de peculado, delito que un funcionario lo comete al sustraer fondos propiedad del Estado, en la vista pública fue probado que entre los años 2005-2009, durante el gobierno de Saca, se aprovechó de su cargo para apropiarse del dinero.

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