Judicial
Enjuician a 94 pandilleros por homicidios y desapariciones en La Libertad
Escuchas telefónicas y la declaración de un testigo con beneficios penales son las principales pruebas que la Fiscalía General de la República ha presentado en la vista pública contra 94 miembros de la Mara Salvatrucha de La Libertad vinculados a homicidios y desapariciones de personas.
El testigo quien por años formó parte de la pandilla ha detallado que a las 24 personas que desaparecieron, las ubicaron y privaron de libertad, para posteriormente transportarlas en los denominados «taxis piratas».
La pandilla decidió utilizar ese tipo de vehículos para no levantar sospechas al momento de movilizar a sus víctimas a zonas desoladas y que tenían como centro para delinquir.
En el juicio, el ministerio público atribuye a los miembros de varias clicas de La Libertad, 24 casos de personas que fueron desaparecidas entre los años 2016 y 2019.
En la vista pública los fiscales han expuesto que de las 24 víctimas que fueron desaparecidas, lograron encontrar siete en fosas clandestinas y que otras cinco personas no fueron identificadas pero que están en proceso para verificarlo.
Varias de las personas fueron llevadas por los pandilleros a la zona de la finca El Espino y otras del sector de Santa Tecla, Comasagua y Zaragoza. Entre todas las clicas había una comunicación e intercambio de información sobre los hechos a cometer.
Un grupo de fiscales de la Unidad Especializada de Investigación de Pandillas y Homicidios, y de la Unidad de Personas Desaparecidas, también han presentado cargos ante el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador por 32 homicidios.
Además de los homicidios y desapariciones, la Fiscalía acusa a los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas, el criteriado ha mencionado la función que tuvo cada uno de ellos dentro de las clicas y el grado de participación en los delitos.
La permanencia en la pandilla es determinante para una condena por ese delito. Dentro de los 94 imputados figuran 16 cabecillas de diferentes rangos, quienes fueron los encargados de ordenar las desapariciones y los homicidios, según ha mencionado el ministerio público en el desarrollo del juicio.
Judicial
Extorsionista es condenado a 15 años de cárcel por exigir $100 a una víctimas en San Miguel
Desde noviembre de 2018, la víctima comenzó a recibir llamadas exigiéndole 100 dólares mensuales, de lo contrario atentarían contra su vida.
En enero de 2019, cuando la víctima ya no pudo pagar la exigencia, denunció los hechos y se giró una orden administrativa de captura contra Juan Pablo Aguilera Cisneros, quien había sido identificado como el sujeto que llegaba a recoger el dinero.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel realizó la vista pública y, tras la valoración de las pruebas, impuso 15 años de cárcel a Aguilera Cisneros, quien está perfilado como miembro de una estructura terrorista.
Junto a este sujeto fue capturado un menor de edad, quien ya fue procesado en un Juzgado de Menores de San Miguel.
El Juzgado de Sentencia de Usulután condenó a 10 años y ocho meses de prisión a Óscar Antonio Solano Sánchez por acosar sexualmente a dos menores de 14 años, informó la Fiscalía General de la República (FGR)
Los fiscales del caso demostraron mediante diferentes pruebas que Solano les expresó frases sexuales a las víctimas, que son gemelas.
Las víctimas comenzaron a ser hostigadas desde mediados de 2020, cuando el imputado, mediante excusas, las vigilaba en las cercanías de su casa.
«En ocasiones, cuando las ofendidas desarrollaban actividades fuera de la vivienda y encontraban al imputado, les manifestaba frases de contenido sexual», dijo una fuente fiscal.
Antes de ser denunciado, los padres de las menores le reclamaron, pero Solano fue agresivo con ellos.
Sigifredo Ochoa Pérez, exembajador de El Salvador en Honduras, fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de peculado, al apropiarse de $41,040 a través del arrendamiento del local donde funcionó la sede diplomática en ese país.
«Yo no tengo ninguna duda que usted don Sigifredo recibió ese dinero. $800 durante 48 meses y $880 por tres meses», le dijo el juez Mauricio Marroquín Medrano, a Ochoa Pérez, al momento de darle a conocer la condena.
El funcionario judicial expresó que los indicios que aportaron los peritos más el testimonio del exconsul en Honduras, Juan José Figueroa, encaminó a la existencia del cometimiento del delito.
«La lógica indica que usted tenía conocimiento de todos esos elementos de peculado y tuvo una conducta dolosa y antijurídica. El tema de la corrupción es un flagelo mundial y en El Salvador no es la excepción», le reprochó el juez a Ochoa Pérez.
Al fundamentar el fallo, el juez expresó que se está frente a un delito especial propio lo cual acreditó la Fiscalía General de la República con la documentación agregada al expediente.
«Es un delito de infracción de deberes que tenía [Ochoa Pérez] la responsabilidad de la administración de los bienes de la embajada en Honduras y tenía que cuidar los fondos públicos. La corrupción afecta mucho los derechos humanos de la población», recalcó Marroquín Medrano.
La Fiscalía General de la República lo acusó de peculado, delito que un funcionario lo comete al sustraer fondos propiedad del Estado, en la vista pública fue probado que entre los años 2005-2009, durante el gobierno de Saca, se aprovechó de su cargo para apropiarse del dinero.
