Judicial
Mujer se hace pasar por familiar de Norma Guevara y estafa a tres de sus compañeras con $1,000
Acostumbrada a armar ideas para poder ejecutar sus planes de estafa, A. Guevara, una empleada del Ministerio de Salud que se encargaba de la farmacia de la Unidad de Salud Villa Mariona, en Cuscatancingo, logró engañar a tres de sus compañeras de labores, a una de ellas incluso le dijo que era familiar de la entonces diputada del FMLN, Norma Guevara.
En un lapso de tres días, la mujer obtuvo $1,500 bajo una supuesta mentira brindada a Camila, una odontóloga de 60 años de edad; a Julia, una auxiliar de odontología de 59 años; y a Carmen, una enfermera de 42 años, según consta en el expediente judicial por este caso.
El 14 de noviembre de 2015, Guevara fue a buscar a dos de las tres mujeres hasta el sitio en donde reside cada una con sus familias, en el municipio de Mejicanos. A estas las convenció de prestarle dinero bajo la excusa de que una de sus hijas, quien se encontraba estudiando en Francia, culminaría el proceso de graduación en ese país y para ello no tenía fondos monetarios.
Con esa versión, a Camila logró convencerla de que le brindara $300. Como garantía de que el dinero retornaría a sus manos en los próximos cuatro días le entregó un cheque cobrable en Estados Unidos que estaba a nombre de su propio esposo.
A los días, la odontóloga se dio cuenta que Guevara le había entregado un cheque que no era cobrable y que además había sido emitido ocho años atrás, en 2007.
Por su parte, Julia, la auxiliar de odontología, cayó en el juego de la imputada. Por tratar de ayudarle a la hija de Guevara y tras la insistencia de esta, ella localizó a un prestamista para poder darle $200.
En un solo día, la ahora acusada -nuevamente- por el delito de estafa logró obtener $500 producto del engaño hecho a ambas víctimas.
Incluso, al mismo director de la unidad de salud le habría solicitado $300, según el expediente judicial, pero no se concreta si él habría colocado una denuncia en contra de la mujer.
El falso parentesco y la ficticia promesa de trabajo
El tercer timo hecho por A. Guevara fue cometido contra Carmen, la enfermera. A ella la buscó en la unidad de salud, pero la versión sobre el caso de su hija cambió.
Esta vez, la imputada le manifestó a la víctima que su hija se encontraba gravemente ingresada en un hospital de Francia, su estado se debía porque el novio de esta la había agredido. Por los golpes recibidos debió ser ingresada con urgencia.
Además, la procesada le comentó que ella era sobrina de Norma Guevara, quien en ese momento era una diputada de la Asamblea Legislativa bajo la bandera del FMLN, partido en donde fungió como jefa de fracción hasta mayo de 2018.
Por ese supuesto vínculo, la imputada le prometió a Carmen que le buscaría en la Asamblea un empleo a su esposo.
Personal de la ahora secretaria general adjunta del FMLN negaron a este medio que la imputada fuera familiar de esta, a la vez indicaron que este tipo de casos es común en la institución. «Un sujeto hizo pasarse por familiar de ‘Nidia Díaz’ por su apellido, cuando en realidad ella se llama María Marta Valladares», dijo la fuente.
Ante la preocupación de la mujer y la promesa de empleabilidad, la especialista en enfermería sucumbió a lo solicitado por Guevara: Le entregó $300, mismo que regresaría a su bolsillo en un lapso de 15 días.
Antes de que culminara ese periodo, Guevara volvió a acercarse a la enfermera para pedirle prestado otros $400 y días después le solicitó otros $300. Un total de $1,000 fue lo que la mujer recibió por parte de Carmen.
Un récord delictivo
De acuerdo al expediente judicial, estos tres casos no son los primeros de estafa en la lista de Guevara.
Un informe de antecedentes penales plasma que en el 2012 la mujer se hizo pasar como directora de una organización no gubernamental para cometer el delito.
Por esos casos de 2016, la mujer posee un registro penitenciario pasivo en el departamento de San Vicente por el delito de estafa, estafa agravada, cheque sin provisión de fondos en diferentes fechas, así como también detalla el ingreso al Centro Penal de Ilopango.
Según, la Certificación de Transacción Criminal del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales (AFIS) consta el récord delictivo de Guevara por los delitos de estafa y estafa agravada en las delegaciones policiales de Apopa, Sonsonate, Santa Ana Soyapango y Ahuachapán.
El cáncer que la consume en el interior de un penal
La imputada de 51 años de edad permanece detenida desde el 25 de enero de este 2018 como una medida cautelar.
En un principio, fue trasladada hacia las bartolinas de la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Vicente, pero a orden del Tribunal 5° de Sentencia, mismo que desarrollará la audiencia de vista pública en contra de Guevara por el delito de estafa, la mujer fue trasladada al centro penal de ese departamento. El motivo de ello: un cáncer de matriz.
El abogado defensor de la mujer indicó que por las dimensiones de una bartolina ella podría adquirir una meningitis, lo que podría llevarla a la muerte por la condición avanzada en la que se encuentra el cáncer. Por ello, Guevara ha recibido diversos tratamientos en el Hospital Nacional de Santa Gertrudis.
Sus defensores solicitaron que el Instituto de Medicina Legal (IML) realizara un reconocimiento para determinar si podía o no continuar recluida en la delegación, pues también padece de diabetes y de una enfermedad renal crónica.
Ante esto, el IML recomendó que la mujer fuera evaluada por médicos de medicina interna y de oncología.
Se determinó que las bartolinas no cumplen con las condiciones mínimas para garantizar la salud de la paciente, por lo que el Tribunal solicitó el traslado de la mujer al penal.
El próximo 6 de septiembre se realizará la vista pública, debido a que estaba programada para el 30 de julio, pero al tratar de ser trasladada hacia el Centro Judicial “Isidro Menéndez” Guevara no quiso subir al transporte ofrecido por la Dirección General de Centros Penales encargado de ese movimiento.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
