Judicial
Mujer se hace pasar por familiar de Norma Guevara y estafa a tres de sus compañeras con $1,000
Acostumbrada a armar ideas para poder ejecutar sus planes de estafa, A. Guevara, una empleada del Ministerio de Salud que se encargaba de la farmacia de la Unidad de Salud Villa Mariona, en Cuscatancingo, logró engañar a tres de sus compañeras de labores, a una de ellas incluso le dijo que era familiar de la entonces diputada del FMLN, Norma Guevara.
En un lapso de tres días, la mujer obtuvo $1,500 bajo una supuesta mentira brindada a Camila, una odontóloga de 60 años de edad; a Julia, una auxiliar de odontología de 59 años; y a Carmen, una enfermera de 42 años, según consta en el expediente judicial por este caso.
El 14 de noviembre de 2015, Guevara fue a buscar a dos de las tres mujeres hasta el sitio en donde reside cada una con sus familias, en el municipio de Mejicanos. A estas las convenció de prestarle dinero bajo la excusa de que una de sus hijas, quien se encontraba estudiando en Francia, culminaría el proceso de graduación en ese país y para ello no tenía fondos monetarios.
Con esa versión, a Camila logró convencerla de que le brindara $300. Como garantía de que el dinero retornaría a sus manos en los próximos cuatro días le entregó un cheque cobrable en Estados Unidos que estaba a nombre de su propio esposo.
A los días, la odontóloga se dio cuenta que Guevara le había entregado un cheque que no era cobrable y que además había sido emitido ocho años atrás, en 2007.
Por su parte, Julia, la auxiliar de odontología, cayó en el juego de la imputada. Por tratar de ayudarle a la hija de Guevara y tras la insistencia de esta, ella localizó a un prestamista para poder darle $200.
En un solo día, la ahora acusada -nuevamente- por el delito de estafa logró obtener $500 producto del engaño hecho a ambas víctimas.
Incluso, al mismo director de la unidad de salud le habría solicitado $300, según el expediente judicial, pero no se concreta si él habría colocado una denuncia en contra de la mujer.
El falso parentesco y la ficticia promesa de trabajo
El tercer timo hecho por A. Guevara fue cometido contra Carmen, la enfermera. A ella la buscó en la unidad de salud, pero la versión sobre el caso de su hija cambió.
Esta vez, la imputada le manifestó a la víctima que su hija se encontraba gravemente ingresada en un hospital de Francia, su estado se debía porque el novio de esta la había agredido. Por los golpes recibidos debió ser ingresada con urgencia.
Además, la procesada le comentó que ella era sobrina de Norma Guevara, quien en ese momento era una diputada de la Asamblea Legislativa bajo la bandera del FMLN, partido en donde fungió como jefa de fracción hasta mayo de 2018.
Por ese supuesto vínculo, la imputada le prometió a Carmen que le buscaría en la Asamblea un empleo a su esposo.
Personal de la ahora secretaria general adjunta del FMLN negaron a este medio que la imputada fuera familiar de esta, a la vez indicaron que este tipo de casos es común en la institución. «Un sujeto hizo pasarse por familiar de ‘Nidia Díaz’ por su apellido, cuando en realidad ella se llama María Marta Valladares», dijo la fuente.
Ante la preocupación de la mujer y la promesa de empleabilidad, la especialista en enfermería sucumbió a lo solicitado por Guevara: Le entregó $300, mismo que regresaría a su bolsillo en un lapso de 15 días.
Antes de que culminara ese periodo, Guevara volvió a acercarse a la enfermera para pedirle prestado otros $400 y días después le solicitó otros $300. Un total de $1,000 fue lo que la mujer recibió por parte de Carmen.
Un récord delictivo
De acuerdo al expediente judicial, estos tres casos no son los primeros de estafa en la lista de Guevara.
Un informe de antecedentes penales plasma que en el 2012 la mujer se hizo pasar como directora de una organización no gubernamental para cometer el delito.
Por esos casos de 2016, la mujer posee un registro penitenciario pasivo en el departamento de San Vicente por el delito de estafa, estafa agravada, cheque sin provisión de fondos en diferentes fechas, así como también detalla el ingreso al Centro Penal de Ilopango.
Según, la Certificación de Transacción Criminal del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales (AFIS) consta el récord delictivo de Guevara por los delitos de estafa y estafa agravada en las delegaciones policiales de Apopa, Sonsonate, Santa Ana Soyapango y Ahuachapán.
El cáncer que la consume en el interior de un penal
La imputada de 51 años de edad permanece detenida desde el 25 de enero de este 2018 como una medida cautelar.
En un principio, fue trasladada hacia las bartolinas de la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Vicente, pero a orden del Tribunal 5° de Sentencia, mismo que desarrollará la audiencia de vista pública en contra de Guevara por el delito de estafa, la mujer fue trasladada al centro penal de ese departamento. El motivo de ello: un cáncer de matriz.
El abogado defensor de la mujer indicó que por las dimensiones de una bartolina ella podría adquirir una meningitis, lo que podría llevarla a la muerte por la condición avanzada en la que se encuentra el cáncer. Por ello, Guevara ha recibido diversos tratamientos en el Hospital Nacional de Santa Gertrudis.
Sus defensores solicitaron que el Instituto de Medicina Legal (IML) realizara un reconocimiento para determinar si podía o no continuar recluida en la delegación, pues también padece de diabetes y de una enfermedad renal crónica.
Ante esto, el IML recomendó que la mujer fuera evaluada por médicos de medicina interna y de oncología.
Se determinó que las bartolinas no cumplen con las condiciones mínimas para garantizar la salud de la paciente, por lo que el Tribunal solicitó el traslado de la mujer al penal.
El próximo 6 de septiembre se realizará la vista pública, debido a que estaba programada para el 30 de julio, pero al tratar de ser trasladada hacia el Centro Judicial “Isidro Menéndez” Guevara no quiso subir al transporte ofrecido por la Dirección General de Centros Penales encargado de ese movimiento.
Por: El Salvador Times.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
El Juzgado de Paz de La Libertad condenó a 20 años de prisión a Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de una víctima en el municipio de La Libertad Costa.
De acuerdo con el informe fiscal, los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2026 en la colonia Los Ángeles del Puerto de La Libertad. Según las investigaciones, los condenados se desplazaban en una motocicleta sin placas cuando interceptaron a la víctima y, bajo amenazas con un arma blanca, le sustrajeron una billetera, un teléfono celular y 100 dólares en efectivo, para posteriormente darse a la fuga.
Tras la denuncia presentada por la víctima, ambos fueron capturados por la Policía dentro del período de flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades les decomisaron un teléfono celular, una navaja de empuñadura y dinero en efectivo.
La Fiscalía General de la República señaló que continuará trabajando para llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad de las personas y contribuir a la erradicación de hechos delictivos en el país.
