Judicial
Mujer se hace pasar por familiar de Norma Guevara y estafa a tres de sus compañeras con $1,000
Acostumbrada a armar ideas para poder ejecutar sus planes de estafa, A. Guevara, una empleada del Ministerio de Salud que se encargaba de la farmacia de la Unidad de Salud Villa Mariona, en Cuscatancingo, logró engañar a tres de sus compañeras de labores, a una de ellas incluso le dijo que era familiar de la entonces diputada del FMLN, Norma Guevara.
En un lapso de tres días, la mujer obtuvo $1,500 bajo una supuesta mentira brindada a Camila, una odontóloga de 60 años de edad; a Julia, una auxiliar de odontología de 59 años; y a Carmen, una enfermera de 42 años, según consta en el expediente judicial por este caso.
El 14 de noviembre de 2015, Guevara fue a buscar a dos de las tres mujeres hasta el sitio en donde reside cada una con sus familias, en el municipio de Mejicanos. A estas las convenció de prestarle dinero bajo la excusa de que una de sus hijas, quien se encontraba estudiando en Francia, culminaría el proceso de graduación en ese país y para ello no tenía fondos monetarios.
Con esa versión, a Camila logró convencerla de que le brindara $300. Como garantía de que el dinero retornaría a sus manos en los próximos cuatro días le entregó un cheque cobrable en Estados Unidos que estaba a nombre de su propio esposo.
A los días, la odontóloga se dio cuenta que Guevara le había entregado un cheque que no era cobrable y que además había sido emitido ocho años atrás, en 2007.
Por su parte, Julia, la auxiliar de odontología, cayó en el juego de la imputada. Por tratar de ayudarle a la hija de Guevara y tras la insistencia de esta, ella localizó a un prestamista para poder darle $200.
En un solo día, la ahora acusada -nuevamente- por el delito de estafa logró obtener $500 producto del engaño hecho a ambas víctimas.
Incluso, al mismo director de la unidad de salud le habría solicitado $300, según el expediente judicial, pero no se concreta si él habría colocado una denuncia en contra de la mujer.
El falso parentesco y la ficticia promesa de trabajo
El tercer timo hecho por A. Guevara fue cometido contra Carmen, la enfermera. A ella la buscó en la unidad de salud, pero la versión sobre el caso de su hija cambió.
Esta vez, la imputada le manifestó a la víctima que su hija se encontraba gravemente ingresada en un hospital de Francia, su estado se debía porque el novio de esta la había agredido. Por los golpes recibidos debió ser ingresada con urgencia.
Además, la procesada le comentó que ella era sobrina de Norma Guevara, quien en ese momento era una diputada de la Asamblea Legislativa bajo la bandera del FMLN, partido en donde fungió como jefa de fracción hasta mayo de 2018.
Por ese supuesto vínculo, la imputada le prometió a Carmen que le buscaría en la Asamblea un empleo a su esposo.
Personal de la ahora secretaria general adjunta del FMLN negaron a este medio que la imputada fuera familiar de esta, a la vez indicaron que este tipo de casos es común en la institución. «Un sujeto hizo pasarse por familiar de ‘Nidia Díaz’ por su apellido, cuando en realidad ella se llama María Marta Valladares», dijo la fuente.
Ante la preocupación de la mujer y la promesa de empleabilidad, la especialista en enfermería sucumbió a lo solicitado por Guevara: Le entregó $300, mismo que regresaría a su bolsillo en un lapso de 15 días.
Antes de que culminara ese periodo, Guevara volvió a acercarse a la enfermera para pedirle prestado otros $400 y días después le solicitó otros $300. Un total de $1,000 fue lo que la mujer recibió por parte de Carmen.
Un récord delictivo
De acuerdo al expediente judicial, estos tres casos no son los primeros de estafa en la lista de Guevara.
Un informe de antecedentes penales plasma que en el 2012 la mujer se hizo pasar como directora de una organización no gubernamental para cometer el delito.
Por esos casos de 2016, la mujer posee un registro penitenciario pasivo en el departamento de San Vicente por el delito de estafa, estafa agravada, cheque sin provisión de fondos en diferentes fechas, así como también detalla el ingreso al Centro Penal de Ilopango.
Según, la Certificación de Transacción Criminal del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales (AFIS) consta el récord delictivo de Guevara por los delitos de estafa y estafa agravada en las delegaciones policiales de Apopa, Sonsonate, Santa Ana Soyapango y Ahuachapán.
El cáncer que la consume en el interior de un penal
La imputada de 51 años de edad permanece detenida desde el 25 de enero de este 2018 como una medida cautelar.
En un principio, fue trasladada hacia las bartolinas de la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Vicente, pero a orden del Tribunal 5° de Sentencia, mismo que desarrollará la audiencia de vista pública en contra de Guevara por el delito de estafa, la mujer fue trasladada al centro penal de ese departamento. El motivo de ello: un cáncer de matriz.
El abogado defensor de la mujer indicó que por las dimensiones de una bartolina ella podría adquirir una meningitis, lo que podría llevarla a la muerte por la condición avanzada en la que se encuentra el cáncer. Por ello, Guevara ha recibido diversos tratamientos en el Hospital Nacional de Santa Gertrudis.
Sus defensores solicitaron que el Instituto de Medicina Legal (IML) realizara un reconocimiento para determinar si podía o no continuar recluida en la delegación, pues también padece de diabetes y de una enfermedad renal crónica.
Ante esto, el IML recomendó que la mujer fuera evaluada por médicos de medicina interna y de oncología.
Se determinó que las bartolinas no cumplen con las condiciones mínimas para garantizar la salud de la paciente, por lo que el Tribunal solicitó el traslado de la mujer al penal.
El próximo 6 de septiembre se realizará la vista pública, debido a que estaba programada para el 30 de julio, pero al tratar de ser trasladada hacia el Centro Judicial “Isidro Menéndez” Guevara no quiso subir al transporte ofrecido por la Dirección General de Centros Penales encargado de ese movimiento.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
