Judicial
Ministro de la Defensa, Munguía Payés, declaró sobre el caso Tregua que continúa hoy en el Tribunal Antimafia
El ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, se refirió este lunes a la tregua entre pandillas a la que llamó “proceso de pacificación”, y aceptó que esta “fue una política púbica que nació en el gabinete de seguridad” del expresidente Mauricio Funes.
“El proceso de pacificación era una política pública, de gobierno, y mi rol era facilitar el trabajo de los mediadores y recibir los informes de estos y miembros de la OEA, y mantener informado al presidente de los avances del proceso”, dijo el general, quien ayer fue citado en calidad de testigo por el Tribunal Antimafia para declarar en el caso Tregua.
En 2013, cuando se dio la tregua entre las principales pandillas del país, Munguía Payés se desempeñaba como ministro de Seguridad, por lo que era uno de los principales promotores de dicha política pública que mediáticamente se ha calificado como un fracaso por la cantidad de muertos que dejó luego de interrumpirse.
El militar defendió el proceso y dijo que el principal fin que tenía era el de disminuir los homicidios y otros delitos y que “hay gente que puede no estar de acuerdo con la manera en que se llevó a cabo, pero el Estado tiene que trabajar y hacer sus esfuerzos por combatir el crimen, y es lo que estamos haciendo”, dijo, a la vez agregó que “si por hacer el trabajo nos quieren imputar que lo hagan, pero no lo van a poder probar porque no hay caso”, afirmó.
Según Munguía Payés, es falso que la tregua haya aumentado la cifra de desaparecidos. “Ahí están los datos”, manifestó y argumentó que la cantidad de desaparecidos es mayor en la actualidad que cuando se implementó la tregua.
También reveló que parte del dinero de las tiendas de los centros penales se han ocupado por muchos años para hacer trabajo de inteligencia y contrainteligencia, y que en ese periodo se utilizó para pagar informantes. “La mayor parte de información que tenía el gabinete de seguridad era aportada a través de Centros Penales. Se tienen fuentes, se decomisas mensajes. Solo se puede lograr información por la inteligencia de los Centros Penales”, justificó.
El dinero de las tiendas fue utilizado para llevar a cabo las labores de inteligencia ante la falta de recursos públicos, añadió. Además, dijo que “nunca se dio un solo centavo a las pandillas. El dinero que aportó Centros Penales estaba destinado a operaciones de inteligencia, a pagar informantes y dar beneficios a algunos privados de libertad, así es como funcionaba”, argumentó.
El caso tregua continuará el martes con la etapa de alegatos.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
