Judicial
Medios vinculan al fiscal general con el expresidente Saca
Distintos medios de comunicación han comenzado a ligar directamente al fiscal general Douglas Meléndez, con el expresidente y ahora imputado, Antonio Saca, y lo acusan sin presentar pruebas de haber recibido dinero por el acuerdo que logró por el proceso abreviado.
Según una publicación, del medio El Salvador Urgente, Meléndez habría recibido $2 millones para beneficiar a Saca, quien es procesado de desviar $300 millones de Casa Presidencial para beneficiarse de manera ilícita, así como a sus propias empresas y amigos personas durante su mandato entre 2004 y 2009.
La información asegura que el abogado del expresidente, Mario Machado Calderón fue el encargado de entregar la suma de dinero a través de una de sus empresas off shore domiciliada en Panamá y bajo el nombre de Law Corp MM.
Asimismo, aseguran que ese monto incluso podría ser superior, si al finalizar el juicio la condena sea menor a los 10 años que se pidieron al inicio el proceso.
Por su parte, el portal de noticias El Confidencial asegura que esta información se habría filtrado a través de la escucha de llamadas telefónicas de estrechos colaboradores del fiscal que habrían participado en el arreglo y revelaron en sus conversaciones los términos en que se tomó el acuerdo.
Según la fuente de El Confidencial, las conversaciones se habrían llevado a cabo a mediados del mes de julio en un discreto hotel de la capital panameña.
En esta misma línea, esta publicación expone que esos $2 millones que se le habrían entregado a Meléndez provendrían de los fondos que la Fiscalía aceptó públicamente que no podrían recuperarse por haber pasado más de 10 años del cometimiento de los delitos.
La publicación sostiene que fuentes fiscales, que pidieron el anonimato, habrían asegurado que el capital “desaparecido” se habría escondido a través de las operaciones de lavado que empresas salvadoreñas realizaron en Panamá durante varios años y que fueron descubiertas a través de la investigación que se conoció como los “Panamá Papers”.
El juicio contra Saca, tres de sus exfuncionarios y tres empleados de Casa Presidencial que lo habrían ayudado al desvío de fondos continúa en proceso.
El Ministerio Público pidió se realizara un proceso abreviado en este caso, es decir, que Saca y los implicados deben aceptar y confesar los hechos acusados, tal como lo hicieron en sus declaraciones a cambio de una reducción de pena.
La Fiscalía pidió 10 años de prisión para Saca y Elmer Charlaix, exsecretario privado de la Presidencia, ambos están siendo acusados por peculado y lavado de dinero. Por otro lado, para César Funes, exsecretario de Juventud, y a Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, la pena que se ha pedido es de 5 años de prisión por lavado de dinero.
Serán los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador los que decidirán finalmente la pena al terminar el juicio.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
