Judicial
Mauricio Funes llama «descarada» a la Fiscalia tras operativo con fines de extinción de dominio
“¡Descarados!”, escribió el expresidente de la República, Mauricio Funes, en su cuenta de Twitter, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) realizaba un operativo de incautación con fines de extinción de dominio vinculados a las personas que son procesadas por el caso “Saqueo Público”, mismo en donde es señalado el exfuncionario.
Descarados! En la fotografía del operativo de hoy de la FGR aparece el Jefe fiscal de la Unidad Financiera que hace unos días dijo que la FGR no tenía pruebas en mi contra. Si no hay pruebas entonces ¿por qué me relacionan arbitrariamente con estos bienes y aseguran que son míos? pic.twitter.com/fLd2iQfrYZ
— Mauricio Funes (@FunesCartagena) 19 de junio de 2018
“Noten la magnitud del show mediático que continúa haciendo la FGR. Las propiedades incautadas este día no tienen nada que ver conmigo”, escribió Funes en horas de la tarde de hoy, quien desde que se inició el proceso judicial ha negado todos los señalamientos que tiene la FGR en su contra por los supuestos delitos de malversación de fondos, peculado entre otros.
Según la FGR, Funes habría desviado alrededor de 351 millones de dólares para beneficiar a sus amigos, allegados, funcionarios de gobierno y a familiares, quienes recibieron grandes sumas de dinero con los cuales se pagaron viajes, hicieron compras de vehículos, pago de cirugías cosméticas y compra de propiedades bajo de testaferros.
En horas de la tarde de este martes, el fiscal general, Douglas Menéndez, acompañado del jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez, incautaron cerca de 20 manzanas en donde se ha cultivado caña de azúcar, ubicadas en La libertad. Ante esto el exfuncionario aclaró que: “Son bienes propiedad de una sociedad de Miguel Menéndez de la que no soy socio. No hay ni un tan solo dólar proveniente de fondos públicos en ellas”.
A través de su cuenta de Twitter, la FGR señaló que 14 de las 24 propiedades que fueron incautadas hoy, pertenecen a testaferros como Miguel Menéndez. “No tiene ni una prueba de que yo sea dueño de 14 inmuebles. Todas las propiedades con las que me relacionan son de Miguel Menéndez, quién estoy seguro que demostrará que las adquirió con sus propios recursos”, sentenció.
Sin embargo el fiscal general reafirma las acusaciones “El en rancho que procedimos, en la zona de Cangrejera, están relacionados al expresidente Funes con prestanombres. Esta propiedad si está relacionada con Miguel Menéndez, Mecafé”, reafirmó.
Menéndez aclaró que dentro de las próximas incautaciones se encuentra dos avionetas, una de ellas en un inicio estaba a nombre de Mecafé pero al iniciar las investigaciones por la FGR fue traspasada a otra sociedad en la que se ha identificado a una persona de la Autoridad de Aviación Civil (AAC) quien se supone cambió el número de matrícula para no ser identificada. “Esta avioneta fue comprada por medio de testaferros, por medio de una sociedad de Mecafé para uno de los hijos de Mauricio Funes”, apuntó el fiscal. La aeronave podría estar resguardada en el Aeropuerto Internacional de Ilopango.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
