Judicial
Mauricio Funes llama «descarada» a la Fiscalia tras operativo con fines de extinción de dominio
“¡Descarados!”, escribió el expresidente de la República, Mauricio Funes, en su cuenta de Twitter, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) realizaba un operativo de incautación con fines de extinción de dominio vinculados a las personas que son procesadas por el caso “Saqueo Público”, mismo en donde es señalado el exfuncionario.
Descarados! En la fotografía del operativo de hoy de la FGR aparece el Jefe fiscal de la Unidad Financiera que hace unos días dijo que la FGR no tenía pruebas en mi contra. Si no hay pruebas entonces ¿por qué me relacionan arbitrariamente con estos bienes y aseguran que son míos? pic.twitter.com/fLd2iQfrYZ
— Mauricio Funes (@FunesCartagena) 19 de junio de 2018
“Noten la magnitud del show mediático que continúa haciendo la FGR. Las propiedades incautadas este día no tienen nada que ver conmigo”, escribió Funes en horas de la tarde de hoy, quien desde que se inició el proceso judicial ha negado todos los señalamientos que tiene la FGR en su contra por los supuestos delitos de malversación de fondos, peculado entre otros.
Según la FGR, Funes habría desviado alrededor de 351 millones de dólares para beneficiar a sus amigos, allegados, funcionarios de gobierno y a familiares, quienes recibieron grandes sumas de dinero con los cuales se pagaron viajes, hicieron compras de vehículos, pago de cirugías cosméticas y compra de propiedades bajo de testaferros.
En horas de la tarde de este martes, el fiscal general, Douglas Menéndez, acompañado del jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez, incautaron cerca de 20 manzanas en donde se ha cultivado caña de azúcar, ubicadas en La libertad. Ante esto el exfuncionario aclaró que: “Son bienes propiedad de una sociedad de Miguel Menéndez de la que no soy socio. No hay ni un tan solo dólar proveniente de fondos públicos en ellas”.
A través de su cuenta de Twitter, la FGR señaló que 14 de las 24 propiedades que fueron incautadas hoy, pertenecen a testaferros como Miguel Menéndez. “No tiene ni una prueba de que yo sea dueño de 14 inmuebles. Todas las propiedades con las que me relacionan son de Miguel Menéndez, quién estoy seguro que demostrará que las adquirió con sus propios recursos”, sentenció.
Sin embargo el fiscal general reafirma las acusaciones “El en rancho que procedimos, en la zona de Cangrejera, están relacionados al expresidente Funes con prestanombres. Esta propiedad si está relacionada con Miguel Menéndez, Mecafé”, reafirmó.
Menéndez aclaró que dentro de las próximas incautaciones se encuentra dos avionetas, una de ellas en un inicio estaba a nombre de Mecafé pero al iniciar las investigaciones por la FGR fue traspasada a otra sociedad en la que se ha identificado a una persona de la Autoridad de Aviación Civil (AAC) quien se supone cambió el número de matrícula para no ser identificada. “Esta avioneta fue comprada por medio de testaferros, por medio de una sociedad de Mecafé para uno de los hijos de Mauricio Funes”, apuntó el fiscal. La aeronave podría estar resguardada en el Aeropuerto Internacional de Ilopango.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
