Judicial
Mauricio Funes llama «descarada» a la Fiscalia tras operativo con fines de extinción de dominio
“¡Descarados!”, escribió el expresidente de la República, Mauricio Funes, en su cuenta de Twitter, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) realizaba un operativo de incautación con fines de extinción de dominio vinculados a las personas que son procesadas por el caso “Saqueo Público”, mismo en donde es señalado el exfuncionario.
Descarados! En la fotografía del operativo de hoy de la FGR aparece el Jefe fiscal de la Unidad Financiera que hace unos días dijo que la FGR no tenía pruebas en mi contra. Si no hay pruebas entonces ¿por qué me relacionan arbitrariamente con estos bienes y aseguran que son míos? pic.twitter.com/fLd2iQfrYZ
— Mauricio Funes (@FunesCartagena) 19 de junio de 2018
“Noten la magnitud del show mediático que continúa haciendo la FGR. Las propiedades incautadas este día no tienen nada que ver conmigo”, escribió Funes en horas de la tarde de hoy, quien desde que se inició el proceso judicial ha negado todos los señalamientos que tiene la FGR en su contra por los supuestos delitos de malversación de fondos, peculado entre otros.
Según la FGR, Funes habría desviado alrededor de 351 millones de dólares para beneficiar a sus amigos, allegados, funcionarios de gobierno y a familiares, quienes recibieron grandes sumas de dinero con los cuales se pagaron viajes, hicieron compras de vehículos, pago de cirugías cosméticas y compra de propiedades bajo de testaferros.
En horas de la tarde de este martes, el fiscal general, Douglas Menéndez, acompañado del jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez, incautaron cerca de 20 manzanas en donde se ha cultivado caña de azúcar, ubicadas en La libertad. Ante esto el exfuncionario aclaró que: “Son bienes propiedad de una sociedad de Miguel Menéndez de la que no soy socio. No hay ni un tan solo dólar proveniente de fondos públicos en ellas”.
A través de su cuenta de Twitter, la FGR señaló que 14 de las 24 propiedades que fueron incautadas hoy, pertenecen a testaferros como Miguel Menéndez. “No tiene ni una prueba de que yo sea dueño de 14 inmuebles. Todas las propiedades con las que me relacionan son de Miguel Menéndez, quién estoy seguro que demostrará que las adquirió con sus propios recursos”, sentenció.
Sin embargo el fiscal general reafirma las acusaciones “El en rancho que procedimos, en la zona de Cangrejera, están relacionados al expresidente Funes con prestanombres. Esta propiedad si está relacionada con Miguel Menéndez, Mecafé”, reafirmó.
Menéndez aclaró que dentro de las próximas incautaciones se encuentra dos avionetas, una de ellas en un inicio estaba a nombre de Mecafé pero al iniciar las investigaciones por la FGR fue traspasada a otra sociedad en la que se ha identificado a una persona de la Autoridad de Aviación Civil (AAC) quien se supone cambió el número de matrícula para no ser identificada. “Esta avioneta fue comprada por medio de testaferros, por medio de una sociedad de Mecafé para uno de los hijos de Mauricio Funes”, apuntó el fiscal. La aeronave podría estar resguardada en el Aeropuerto Internacional de Ilopango.

Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.

Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
Judicial
Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.




