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Judicial

Mauricio Funes llama «descarada» a la Fiscalia tras operativo con fines de extinción de dominio

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“¡Descarados!”, escribió el expresidente de la República, Mauricio Funes, en su cuenta de Twitter, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) realizaba un operativo de incautación con fines de extinción de dominio vinculados a las personas que son procesadas por el caso “Saqueo Público”, mismo en donde es señalado el exfuncionario.

 

“Noten la magnitud del show mediático que continúa haciendo la FGR. Las propiedades incautadas este día no tienen nada que ver conmigo”, escribió Funes en horas de la tarde de hoy, quien desde que se inició el proceso judicial ha negado todos los señalamientos que tiene la FGR en su contra por los supuestos delitos de malversación de fondos, peculado entre otros.

Según la FGR, Funes habría desviado alrededor de 351 millones de dólares para beneficiar a sus amigos, allegados, funcionarios de gobierno y a familiares, quienes recibieron grandes sumas de dinero con los cuales se pagaron viajes, hicieron compras de vehículos, pago de cirugías cosméticas y compra de propiedades bajo de testaferros.

En horas de la tarde de este martes, el fiscal general, Douglas Menéndez, acompañado del jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez, incautaron cerca de 20 manzanas en donde se ha cultivado caña de azúcar, ubicadas en La libertad. Ante esto el exfuncionario aclaró que: “Son bienes propiedad de una sociedad de Miguel Menéndez de la que no soy socio. No hay ni un tan solo dólar proveniente de fondos públicos en ellas”.

A través de su cuenta de Twitter, la FGR señaló que 14 de las 24 propiedades que fueron incautadas hoy, pertenecen a testaferros como Miguel Menéndez. “No tiene ni una prueba de que yo sea dueño de 14 inmuebles. Todas las propiedades con las que me relacionan son de Miguel Menéndez, quién estoy seguro que demostrará que las adquirió con sus propios recursos”, sentenció.

Sin embargo el fiscal general reafirma las acusaciones “El en rancho que procedimos, en la zona de Cangrejera, están relacionados al expresidente Funes con prestanombres. Esta propiedad si está relacionada con Miguel Menéndez, Mecafé”, reafirmó.

Menéndez aclaró que dentro de las próximas incautaciones se encuentra dos avionetas, una de ellas  en un inicio estaba a nombre de Mecafé pero al iniciar las investigaciones por la FGR fue traspasada a otra sociedad en la que se ha identificado a una persona de la Autoridad de Aviación Civil (AAC) quien se supone cambió el número de matrícula para no ser identificada. “Esta avioneta fue comprada por medio de testaferros, por medio de una sociedad de Mecafé para uno de los hijos de Mauricio Funes”, apuntó el fiscal. La aeronave podría estar resguardada en el Aeropuerto Internacional de Ilopango.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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Judicial

PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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