Judicial
Marero es condenado por homicidio en Cojutepeque
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La Unidad de Delitos relativos a la Vida e Integridad Física de la Oficina Fiscal de Cojutepeque logró condenar a René Antonio Pérez Luna, miembro de la Mara Salvatrucha, MS-13, a 25 años de prisión por el delito de Homicidio Agravado en perjuicio de un hombre.
Los hechos ocurrieron el 7 de julio del año 2011 en caserío El Guayabo, cantón La Loma, municipio de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán.
Según las investigaciones de la Fiscalía, el imputado junto con otros miembros de pandilla, que ya fueron condenados por este hecho, interceptaron a la víctima, la rodearon y la obligaron a caminar hacia un lugar desolado. Sin embargo, el hombre cayó sobre sobre la calle principal de El Guayabo y allí lo vapulearon, frente a quienes transitaban por la zona.
Tras los golpes y cuando la víctima ya se encontraba inconsciente por los golpes, el imputado le dispara en dos ocasiones. Otros miembros de la pandilla también le dispararon, al menos recibió doce impactos de bala.
Cabe destacar que, Pérez Luna desde el homicidio huía y fue capturado durante el Régimen de Excepción vigente.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque validó toda la prueba presentada por los fiscales del caso, quienes lograron demostrar, sin lugar a dudas, la participación del imputado en los hechos acusados. Tras la pena de cárcel también se decidió imponerle el pago de $2,000 dólares, en concepto de responsabilidad civil.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
