Judicial
Magistrados de Sala encuentran indicios para ordenar nuevo proceso contra magistrado Escalante, quien se mantenía impune por el tocamiento a una niña de 10 años
La Sala Primero de lo Penal ordenó, este martes, realizar un nuevo juicio contra el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Eduardo Escalante Díaz, quien el año pasado resultó beneficiado con una polémica resolución que lo absolvía de toda responsabilidad por el tocamiento a una niña de 10 años.
La Fiscalía General de la República (FGR) publicó en su cuenta de Twitter sobre el nuevo proceso que debe enfrentar Escalante: “Se anula resolución de la Cámara 1a. de lo Penal de la 1a. Sección del Centro y ordena apertura a juicio por delito de Agresión Sexual en Menor”.
El Ministerio Público celebra la decisión de los magistrados, sobre todo, porque tipifica claramente el delito, es decir, se encontraron suficientes indicios para que enfrente la justicia.
En marzo 2019 crecieron las críticas al sistema judicial tras poner en libertad a Escalante Díaz.
Decenas de organizaciones de mujeres, entidades de protección a los derechos de la niñez y el mismo Presidente de la República, Nayib Bukele, expresaron su indignación por lo sucedido.
A principios de noviembre pasado, la Fiscalía presentó un recurso para revertir el polémico fallo y a más de seis meses se tiene la decisión de los magistrados de la Cámara para que se procese a Escalante Díaz.
El Fiscal General, Raúl Melara, usó su cuenta personal en Twitter para expresar su satisfacción por la decisión de los magistrados: “Nos dieron la razón. El caso sigue”.
En ese mismo sentido y en la misma red social se expresó el Ministro de Trabajo, Rolando Castro: “Que bueno por la justicia salvadoreña, ya que estos magistrados, a veces hasta sus mismas jurisprudencias han cambiado, para emitir resoluciones que dejan legalmente muchas dudas”, dijo.
Duro revés a Martín Rogel
Ordenar un nuevo juicio contra Escalante Díaz también significa un duro revés a otro magistrado judicial. Se trata de Martín Rogel Zepeda, señalado de controlar el criterio judicial de las tres Cámaras de lo Penal, y señalado de excluir de responsabilidad al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, su colega y amigo.
Una investigación de El Faro revela cómo Rogel goza de poder para imponer sus criterios o favorecer a sus amigos, como fue el caso de Escalante.
Rogel Zepeda tiene nombramiento como magistrado propietario desde el mes de noviembre de 2018, como titular de la Cámara Tercera de lo Penal; pero continúa cubriendo en la Cámara Primera de lo Penal, conforme su anterior nombramiento en calidad de Propietario y también es Magistrado Suplente de la Cámara Segunda de lo Penal y de la Sala de lo Constitucional.
Diario Digital Cronio publicó, en aquel momento, que una fuente cercana había revelado los tentáculos de Rogel Zepeda: “este súper magistrado controla los criterios judiciales de las tres cámaras con competencia penal de la capital y que tiene incidencia en la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal del país”.
VEA LA NOTA COMPLETA: El polémico magistrado, Martín Rogel, señalado de controlar el criterio judicial de las tres Cámaras de lo Penal, y señalado de excluir de responsabilidad al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz
Fue así como, Escalante Díaz solo se le atribuyó una falta por el tocamiento a la menor, que no implicaba cárcel si no una sanción de multa de 10 a 30 días.
Ahora, sin embargo, con la tipificación del delito el panorama cambia totalmente y solo hay que esperar que se ordene fecha para el juicio, además de conocer el tribunal que ventilará el caso.
Desde noviembre pasado, la niña, su hermano adolescente de 14 años y su madre huyeron del lugar donde vivían debido al escándalo que se originó. Se espera que la menor y sus familiares gocen de protección mientras se realiza el nuevo juicio y que la sentencia en verdad cambie.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
