Judicial
Magistrado Eduardo Escalante habría usados monedas para persuadir a menor de edad, presuntamente agredida sexualmente por él
El magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado de presunta agresión sexual hacia una niña de 10 años, y a quien la Comisión de Antejuicio de la Asamblea Legislativa decidió hoy despojarlo de su fueron para enfrentar el proceso judicial en los tribunales correspondientes, había utilizado monedas para atraer a la menor.
La diputada arenera, Patricia Valdivieso, fiscal de la Comisión de Antejuicio contra el magistrado, afirmó dicha versión, basándose en que una vecina observó al profesional en derecho cuando éste tocó las partes íntimas de la menor y que fue ella la que alertó a la madre para que tomara cartas en el asunto.
En las pruebas contra Escalante Díaz, se detallan también, que el acusado arrojó varias monedas al suelo para que la víctima se acercara y que fue en ese momento en que aprovechó para tocar las partes íntimas de la menor.
Se dice que esa acción fue vista por una vecina de la víctima y que fue quien alertó a su madre para que iniciara las indagaciones del caso, que derivó en una llamada al Sistema de Emergencia 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) a fin de que lo capturaran en flagrancia.
“La menor describe cómo andaba vestido el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz y que concuerda con la ropa que usaba al momento de su captura”, indicó la parlamentaria.
El magistrado, de 50 años, fue detenido el martes 19 de febrero en la colonia Altavista, de Ilopango, luego que la madre de la víctima lo denunciara ante la policía.
El directo de la PNC, Howard Cotto, aseguró que recibieron una llamada al Sistema de Emergencia 911 sobre lo sucedido y cuando llegaron al lugar se había dado a la fuga. Solamente encontraron el vehículo abandonado y una pistola de su propiedad.
“Los agentes realizaron un operativo en la zona y lo lograron ubicar y capturar. Con el número de placas y al ser revisado en el sistema pudimos determinar de quien se trataba”, agregó Cotto.
Por la naturaleza del hecho y por estar una menor involucrada, Cotto se limitó a decir que no hay vinculo, ni conocimiento previo entre la familia de la víctima y el magistrado.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
