Judicial
La pandilla MS obtenía hasta $25 mil mensuales a través de la venta de autos , taxis piratas y mototaxis en Santa Ana, según testigo criteriado «Noé»
El testigo criteriado “Noé” continúo este miércoles brindado más detalles de cómo la pandilla MS y sus diferentes estructuras incrementaron sus finanzas en el occidente del país.
“Noé”, durante el séptimo día de audiencia en contra de 400 pandilleros de la mencionada pandilla y en la sala del Juzgado Especializado de Sentencia informó que la MS llegó hasta recaudar al mes entre $17 mil y $25 mil al mes en el departamento de Santa Ana, y el municipio de Metapán, siempre en el occidente del país.
Según el testigo, la estructura poseía taxis piratas, mototaxis y hasta auto lotes (venta de carros), los cuales ponían al servicio y la venta de la población.
Los lugares donde operaban era el lago de Coatepeque así como un turicentro privado de Metapán.
Tras la importación de los vehículos importados con el dinero que obtenía estos vendían los automotores a autolotes del sector, cuyos dueños según “Noé” también eran colaboradores de la pandilla.
El mismo testigo aseguró que la cantidad de dinero que obtenía mensualmente también se le agregaba la extorsión y la venta de droga.
Reuniones con partidos políticos.
“Noé” informó además, que su persona participó en al menos dos reuniones con miembros de partidos políticos cuando él formó parte de la pandilla en el 2016.
Dijo que entre el 2014 y 2015 político de los partidos Arena y FMLN se reunión con líderes de pandillas para negociar votos durante las elecciones para presidentes y diputados y también beneficios penitenciarios como bonos de dinero que rondarían los $70 mil y $300 mil.
En esas reuniones con los políticos de los partidos en mención también se habló de crear negocios como zapaterías, almacenes, bazares y fábricas para toda la cliclas, comentó “Noé”.
Dichas reuniones se habrían hecho en una iglesia evangélica en San Marcos y otra en la colonia Miramonte. Además, hubo otras reuniones en una oficina de la colonia San Benito, en las sedes de los partidos políticos y en una en un rancho del lago de Ilopango aseguró el testigo en su declaración del pasado 11 de octubre en el Juzgado Especializado de Sentencia.
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a prisión perpetua a cinco integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 por el delito de pertenencia a organización terrorista. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentencia fue dictada después de que el tribunal valorara las pruebas presentadas contra la estructura que operaba en ese departamento.
Entre los sentenciados figura Josué Odir Granados Zapata, identificado por la Fiscalía como cabecilla y palabrero encargado de una zona. También recibieron prisión perpetua Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo y Celso Alvarado Gálvez, señalados como integrantes de la misma agrupación.
En el mismo proceso, otros cuatro miembros fueron condenados a 45 años de cárcel cada uno por agrupaciones ilícitas. En total, el fallo comprende a nueve personas, con penas diferenciadas según los delitos por los que fueron encontradas responsables.
Los cuatro condenados a 45 años también tienen procesos judiciales pendientes, de acuerdo con la información atribuida a la FGR. Esas causas deberán resolverse por separado; los reportes consultados no detallan los delitos adicionales ni las fechas de las próximas audiencias.
Juan Antonio Herrera Velásquez, de 43 años y conocido como “el hermano Juan”, fue capturado por presuntamente amenazar a una mujer de 40 años. Según la información publicada por El Blog, que atribuye el procedimiento a la Policía Nacional Civil (PNC), la detención se realizó en flagrancia.
El detenido fue presentado en publicaciones de redes sociales como un hombre dedicado a predicar mensajes religiosos. Sin embargo, la información consultada no identifica la congregación a la que pertenecería ni precisa si desempeña formalmente un cargo pastoral.
El delito señalado en el reporte es amenazas. Aunque el titular original utiliza la palabra “ultraja”, el contenido de la noticia no describe una agresión sexual ni detalla lesiones físicas contra la mujer. Tampoco especifica las expresiones que habría utilizado el detenido o las circunstancias que originaron el incidente.
Hasta la publicación consultada, no se había precisado oficialmente el lugar de los hechos ni si existía algún vínculo entre Herrera Velásquez y la víctima. Las búsquedas complementarias localizaron publicaciones sobre la captura, pero no aportaron un informe oficial accesible con mayores detalles del caso.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
