Judicial
Juzgado deja en libertad a mujer acusada de hurtar patrulla policial en 2019
El Juzgado de Instrucción de Quezaltepeque, La Libertad, dejó libre a Ruth Lisseth Mejía Martínez, quien fue acusada de hurtar una patrulla policial en septiembre de 2019 en Ilopango.
La decisión de la jueza fue dada a conocer por la defensora de Martínez, la abogada Bertha María Deleón, la tarde de este martes.
“Hoy terminó la audiencia preliminar del proceso penal que la Fiscalía inició injustamente contra Ruth M, el caso del supuesto hurto de la patrulla de PNC. La jueza de instrucción de Quezaltepeque la sobreseyó definitivamente por considerar que el hecho es atípico, no hubo ánimo de lucro”, explicó Deleón desde su cuenta de Twitter.
Cuando la abogada tomó el caso denunció que las autoridades no lo habían tratado como corresponden los lineamientos policiales, es decir, no conforme a los protocolos establecidos.
La profesional hizo hincapié que al momento en que sucedieron los hechos, Martínez estaba afectada por una crisis producto de la violencia intrafamiliar.
“Los peritajes psicológicos y estudio psiquiátrico son claros y contundentes, en que al momento de los hechos estaba afectada por historial de violencia intrafamiliar y enfrentaba una crisis psicótica”, expuso.
“Hoy se hizo justicia, Ruth no cometió delito, hubo mal proceder policial, fiscal y judicial”, comentó Deleón.
Por su parte, los fiscales del caso habían solicitado a la jueza la apertura a juicio contra Martínez, algo que a criterio de la abogada es una falta grave en el ejercicio de la carrera fiscal.
“Pese a ello —la crisis emocional de la acusada —el fiscal auxiliar del caso, faltando a los Principios de legalidad, dignidad, imparcialidad, solicitó a la jueza que decretara apertura a juicio. Esto constituye una falta grave en el ejercicio de la carrera fiscal, pues está prohibido iniciar acciones judiciales ilegales o contrario a lo que establece la evidencia”, valoró defensora de Martínez.
Desde el principio, Deleón mencionó que este caso estaba poniendo a prueba el actuar de las instituciones encargadas de aplicar la justicia en el país.
“Es urgente que los operadores de justicia, se tomen estos casos en serio y dejen de procesar penalmente a personas que no han cometido delito. Hoy, se hizo justicia, sin embargo, Ruth permaneció 3 meses privada de libertad, por mal procedimiento policial, fiscal y del juez que conoció la audiencia inicial”, explicó en sus redes sociales.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
