Judicial
Jueza ordena embargar $227.6 millones a la empresa ASTALDI por caso El Chaparral
El Juzgado Noveno de Instrucción decretó embargo preventivo por $227.6 millones contra los bienes de la sociedad ASTALDI S.P.A., con sede en Roma, Italia, producto de la corrupción durante los gobiernos de ARENA y el FMLN en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, informó este martes el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa (CEL), Daniel Álvarez.
El funcionario explicó que de este monto, $61.3 millones corresponden a un excedente del arreglo directo por $108.5 millones que el gobierno del FMLN pagó la empresa italiana, cuando lo que correspondía de pago era $41.5 millones por la obra ejecutada.
En ese sentido, Álvarez señaló que en el monto embargado también se incluyen $111.5 millones por el lucro que dejó de percibir la obra al no realizarse, además de $54.7 millones por los intereses pagados a los organismos multilaterales por el financiamiento del proyecto.
Por este delito está siendo procesado el expresidente Mauricio Funes, que se encuentra prófugo de la justicia y ha sido asilado por el gobierno nicaragüense.
El juzgado tomó la decisión de realizar este embargo basándose en investigaciones de la querella de CEL, quien determinó que la empresa italiana cuenta con un capital de $500 millones.
La CEL presentó este mismo martes en la tarde al perito italiano para traducir la asistencia internacional que emitirá el mencionado juzgado, para que posteriormente se realicen las comunicaciones con las autoridades italianas correspondientes.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
