Judicial
Jueza ordena embargar $227.6 millones a la empresa ASTALDI por caso El Chaparral
El Juzgado Noveno de Instrucción decretó embargo preventivo por $227.6 millones contra los bienes de la sociedad ASTALDI S.P.A., con sede en Roma, Italia, producto de la corrupción durante los gobiernos de ARENA y el FMLN en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, informó este martes el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa (CEL), Daniel Álvarez.
El funcionario explicó que de este monto, $61.3 millones corresponden a un excedente del arreglo directo por $108.5 millones que el gobierno del FMLN pagó la empresa italiana, cuando lo que correspondía de pago era $41.5 millones por la obra ejecutada.
En ese sentido, Álvarez señaló que en el monto embargado también se incluyen $111.5 millones por el lucro que dejó de percibir la obra al no realizarse, además de $54.7 millones por los intereses pagados a los organismos multilaterales por el financiamiento del proyecto.
Por este delito está siendo procesado el expresidente Mauricio Funes, que se encuentra prófugo de la justicia y ha sido asilado por el gobierno nicaragüense.
El juzgado tomó la decisión de realizar este embargo basándose en investigaciones de la querella de CEL, quien determinó que la empresa italiana cuenta con un capital de $500 millones.
La CEL presentó este mismo martes en la tarde al perito italiano para traducir la asistencia internacional que emitirá el mencionado juzgado, para que posteriormente se realicen las comunicaciones con las autoridades italianas correspondientes.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
