Judicial
Jueza decreta detención e instrucción sin medidas para varios pandilleros
El Juzgado Especializado de Instrucción “A” decretó hoy una audiencia de imposición de medidas contra 38 imputados acusados por privación de libertad agravada, homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Durante la diligencia la jueza analizó los indicios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), además de escuchar las intervenciones de ambas partes, luego resolvió decretarles detención provisional a 28, mientras que a diez se les otorgó solamente instrucción formal. Esto se dio debido a que el testigo no fue vinculante en sus declaraciones, pero de los que resultaron beneficiados sin permanecer en una bartolina o centro penal, siete se encuentran a la orden de otros juzgados, por lo que no recuperarán su libertad.
Asimismo, la togada determinó autorizar a la FGR las próximas 24 semanas (seis meses) que se profundice en las indagaciones; datos de las mismas señalaron que los individuos operaban en el casco urbano de Panchimalco y sus cantones aledaños, desde el año 2012. La solicitud de imposición de medidas se presentó, en un inicio, por 19 casos de homicidio agravado, pero se dejó en 17 ya que hubo dos imputados que resultaron haber sido alevines cuando presuntamente cometieron los ilícitos penales. El caso es del conocimiento del Juzgado 3° de Menores.
Las víctimas de los crímenes fueron pandilleros de la misma estructura, civiles que ellos les consideraban “soplones”, además, del caso de un marero que violó a la madre de otro y unos más por haber participado en la muerte de “La Coneja”, quien era una joven de 23 años aproximadamente. El móvil se debió a que la ofendida fue novia de un integrante de la mencionada estructura delincuencial y, al terminar con la relación, empezó otra con alguien contrario.
También se les ha vinculado, a los imputados, con el homicidio de un estudiante del Centro Escolar “Belarmino Villamariona”, llamado “Moisés” de 16 años. A quien presuntamente llevaron con engaños hasta “Las Cataratas”, ubicado en Panchimalco. Unos implicados fueron compañeros de estudio de la víctima, luego de hacerse pasar como pandilleros contrarios lo ahorcaron. Ellos presumían que el ofendido mantenía amistad con los otros pandilleros y por eso lo mataron.
Al enterarse de los imputados que ya las investigaciones se iniciaron desenterraron el cadáver en estado avanzado de putrefacción y lo enterraron clandestinamente. Mediante estudios a una pieza al cuero cabelludo se determinó que efectivamente era el cadáver del adolescente. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a los sujetos la madrugada del pasado 28 de septiembre.
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil desarticularon en la madrugada de este jueves una estructura que transportaba cocaína por mar desde Nicaragua hacia Guatemala, usando a El Salvador como país de tránsito. El operativo fue simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz, tres puntos de la costa pacífica que, según la investigación, servían de apoyo logístico a la ruta.
La red operaba con pescadores locales, que le facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. La FGR informó que la pesquisa arrancó en julio de 2024. Desde entonces se han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380, y seis embarcaciones. El cargamento no corresponde solo a esta madrugada: es el acumulado de la estructura en más de dos años de investigación.
#Narcotráfico | Golpe a estructura transnacional de tráfico de droga.
Durante la madrugada, la @FGR_SV junto a @PNCSV ejecutaron operativo simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz contra una red que transportaba cocaína por vía marítima desde Nicaragua hacia Guatemala, utilizando a El Salvador como país de tránsito con el apoyo de pescadores locales que les facilitaban combustible, GPS y embarcaciones.
Esta investigación inició en julio de 2024 y a la fecha a la estructura se le han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380.00, además de seis embarcaciones y doce personas capturadas previamente, quienes se sumarán a los detenidos de este operativo.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
En ese periodo ya habían sido capturadas 12 personas, que se sumarán a los detenidos del operativo de este jueves. La Fiscalía no precisó el total de la madrugada; medios que reprodujeron sus imágenes reportaron al menos tres hombres. Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas.
El esquema encaja en el tránsito marítimo del Pacífico: la cocaína salía de Nicaragua, cruzaba aguas salvadoreñas y seguía hacia Guatemala, con apoyo en tierra para reabastecer lanchas y marcar la ruta. La presencia de la red en el occidente, el centro y el oriente costero indica una logística repartida, no un solo punto de embarque.
La FGR calificó el procedimiento como un golpe a una estructura transnacional. Hasta el cierre de esta nota no había difundido identidades, el peso incautado esta madrugada ni el destino judicial de cada detenido. Lo confirmado es el desmantelamiento del apoyo local y el balance de la investigación: casi dos toneladas de cocaína, seis lanchas y al menos 15 personas vinculadas al caso.
Los capturados serán procesados por tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas. https://t.co/fbofZla2SV
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.
“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.
Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
