Judicial
Juez impuso 5 años de prisión a un sujeto acusado del homicidio de un agente policial
Como un hecho de intolerancia fue calificado por un juez, la causa que derivó en el crimen de un agente de la Policía Nacional Civil, en el año 2019 y por lo que el responsable del hecho deberá cumplir una condena de 5 años de prisión.
El informe de la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio detalla que el imputado Edgar González Ostorga, fue llevado ante el Tribunal Quinto de Sentencia San Salvador, para enfrentar el delito de Homicidio Agravado.
La víctima, Gabriel Ángel Cortez Martínez, agente de la PNC, destacado en la Delegación San Salvador Centro y el 27 de agosto del año en mención, se encontraba de licencia.
Los hechos se generaron en el kilómetro 19 de la Carretera Troncal del Norte, en jurisdicción de esta ciudad. Cortez Martínez viajaba en su motocicleta, y los imputados que también se conducían en motocicleta, pero en sentido contrario al de la víctima, al verlo le dieron persecución y le asestaron varios disparos causándole la muerte.
El juez al valorar los hechos consideró las causas que motivaron la acción violenta del imputado fue por un acto de intolerancia y bajo la figura jurídica del error invencible le aplicó la pena de prisión de 5 años.
Sin embargo, la FGR esperará conocer la sentencia por escrito del Juzgador para analizar la fundamentación ante un eventual recurso de apelación que se interpondría ante el fallo.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
