Judicial
Hombre es condenado a 42 años de cárcel por abusar de su hija menor
María (nombre cambiado por protección), una menor que actualmente tiene nueve años, tuvo que comparecer en 2017 a través de la cámara Gesell. La niña debía relatar ante un juez los abusos sexuales que sufrió desde que tenía cinco años; el agresor no era cualquier persona, sino su padre.
Raúl Ernesto Orellana, el hombre de 42 años que engendró tres hijos con su esposa, estaba al otro lado del grueso cristal escuchando de la voz de su víctima los abusos a los que la expuso.
Orellana es mensajero de una empresa privada. En 2014 el sujeto comenzó con un comportamiento torcido respecto al que se espera de un padre, empezó a abusar de la menor de sus hijas dentro de la vivienda de la familia, en una colonia de Soyapango. El hombre aprovechaba la ausencia de su pareja y madre de la menor para cometer los abusos.
Según el testimonio de la víctima, Orellana la tocó de forma indebida en varias ocasiones y en diferentes circunstancias durante los años 2014 y 2015; sin embargo, un año después los abusos fueron mayores y el hombre llegó al punto de violarla. Para entonces, María había cumplido siete años.
La madre de la víctima se dio cuenta de lo que ocurría hasta el año pasado, cuando notó en la niña un comportamiento atípico para su edad y por unos comentarios que le hizo la empleada que para entonces cuidaba de los niños.
La mujer, al darse cuenta de lo ocurrido con la niña acudió a una sede de Ciudad Mujer y a la Policía Nacional Civil (PNC) para interponer la denuncia en contra de su pareja.
De acuerdo a un peritaje hecho por los especialistas del Instituto de Medicina Legal (IML), María sí presentó indicios de haber sido abusada sexualmente. Se determinó que fueron varias ocasiones en las que Orellana cometió el ilícito.
Los detalles del hecho fueron expuestos en la audiencia de vista pública ejecutada por la jueza del Tribunal 6° de Sentencia de San Salvador, luego de que el hombre fuera acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de violación y agresión sexual agravada contra de una menor y de manera continuada.
Luego de escuchar los argumentos tanto de la representante fiscal como de los dos abogados defensores del sujeto y de los testigos de cargo y descargo, la jueza valoró las pruebas periciales e impuso una pena de 42 años y ocho meses de prisión contra el hombre.
Orellana continuará detenido en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, donde ha permanecido recluido desde que comenzó el proceso judicial.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
