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Judicial

Hombre es condenado a 42 años de cárcel por abusar de su hija menor

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María (nombre cambiado por protección), una menor que actualmente tiene nueve años, tuvo que comparecer en 2017 a través de la cámara Gesell. La niña debía relatar ante un juez los abusos sexuales que sufrió desde que tenía cinco años; el agresor no era cualquier persona, sino su padre.

Raúl Ernesto Orellana, el hombre de 42 años que engendró tres hijos con su esposa, estaba al otro lado del grueso cristal escuchando de la voz de su víctima los abusos a los que la expuso.

Orellana es mensajero de una empresa privada. En 2014 el sujeto comenzó con un comportamiento torcido respecto al que se espera de un padre, empezó a abusar de la menor de sus hijas dentro de la vivienda de la familia, en una colonia de Soyapango. El hombre aprovechaba la ausencia de su pareja y madre de la menor para cometer los abusos.

Según el testimonio de la víctima, Orellana la tocó de forma indebida en varias ocasiones y en diferentes circunstancias durante los años 2014 y 2015; sin embargo, un año después los abusos fueron mayores y el hombre llegó al punto de violarla. Para entonces, María había cumplido siete años.

La madre de la víctima se dio cuenta de lo que ocurría hasta el año pasado, cuando notó en la niña un comportamiento atípico para su edad y por unos comentarios que le hizo la empleada que para entonces cuidaba de los niños.

La mujer, al darse cuenta de lo ocurrido con la niña acudió a una sede de Ciudad Mujer y a la Policía Nacional Civil (PNC) para interponer la denuncia en contra de su pareja.

De acuerdo a un peritaje hecho por los especialistas del Instituto de Medicina Legal (IML), María sí presentó indicios de haber sido abusada sexualmente. Se determinó que fueron varias ocasiones en las que Orellana cometió el ilícito.

Los detalles del hecho fueron expuestos en la audiencia de vista pública ejecutada por la jueza del Tribunal 6° de Sentencia de San Salvador, luego de que el hombre fuera acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de violación y agresión sexual agravada contra de una menor y de manera continuada.

Luego de escuchar los argumentos tanto de la representante fiscal como de los dos abogados defensores del sujeto y de los testigos de cargo y descargo, la jueza valoró las pruebas periciales e impuso una pena de 42 años y ocho meses de prisión contra el hombre.

Orellana continuará detenido en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, donde ha permanecido recluido desde que comenzó el proceso judicial.

Judicial

Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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Judicial

PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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