Judicial
Hombre es condenado a 42 años de cárcel por abusar de su hija menor
María (nombre cambiado por protección), una menor que actualmente tiene nueve años, tuvo que comparecer en 2017 a través de la cámara Gesell. La niña debía relatar ante un juez los abusos sexuales que sufrió desde que tenía cinco años; el agresor no era cualquier persona, sino su padre.
Raúl Ernesto Orellana, el hombre de 42 años que engendró tres hijos con su esposa, estaba al otro lado del grueso cristal escuchando de la voz de su víctima los abusos a los que la expuso.
Orellana es mensajero de una empresa privada. En 2014 el sujeto comenzó con un comportamiento torcido respecto al que se espera de un padre, empezó a abusar de la menor de sus hijas dentro de la vivienda de la familia, en una colonia de Soyapango. El hombre aprovechaba la ausencia de su pareja y madre de la menor para cometer los abusos.
Según el testimonio de la víctima, Orellana la tocó de forma indebida en varias ocasiones y en diferentes circunstancias durante los años 2014 y 2015; sin embargo, un año después los abusos fueron mayores y el hombre llegó al punto de violarla. Para entonces, María había cumplido siete años.
La madre de la víctima se dio cuenta de lo que ocurría hasta el año pasado, cuando notó en la niña un comportamiento atípico para su edad y por unos comentarios que le hizo la empleada que para entonces cuidaba de los niños.
La mujer, al darse cuenta de lo ocurrido con la niña acudió a una sede de Ciudad Mujer y a la Policía Nacional Civil (PNC) para interponer la denuncia en contra de su pareja.
De acuerdo a un peritaje hecho por los especialistas del Instituto de Medicina Legal (IML), María sí presentó indicios de haber sido abusada sexualmente. Se determinó que fueron varias ocasiones en las que Orellana cometió el ilícito.
Los detalles del hecho fueron expuestos en la audiencia de vista pública ejecutada por la jueza del Tribunal 6° de Sentencia de San Salvador, luego de que el hombre fuera acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de violación y agresión sexual agravada contra de una menor y de manera continuada.
Luego de escuchar los argumentos tanto de la representante fiscal como de los dos abogados defensores del sujeto y de los testigos de cargo y descargo, la jueza valoró las pruebas periciales e impuso una pena de 42 años y ocho meses de prisión contra el hombre.
Orellana continuará detenido en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, donde ha permanecido recluido desde que comenzó el proceso judicial.
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
Omar Iván Alfaro Cruz fue condenado a 12 años de prisión por el delito de hurto agravado y al pago de $1,000 en concepto de responsabilidad civil, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, Alfaro Cruz se hacía pasar como paciente o acompañante para sustraer objetos de valor de empleados o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El condenado aprovechaba que el personal se encontraba realizando sus labores para hurtar teléfonos celulares y otros objetos de valor que permanecían a la vista.
Uno de los hechos ocurrió el 2 de mayo de 2025, cuando ingresó al Hospital Médico Quirúrgico, en San Salvador. Al llegar al área de Neumología, esperó a que ocurriera una emergencia para hurtar una tablet propiedad del ISSS.
La sentencia condenatoria fue dictada durante un juicio sumario por el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador. Este procedimiento permitió agilizar el desarrollo del juicio.
Judicial
Capturan en Ciudad Arce a un hombre que lesionó con un corvo al vecino que defendió a su compañera de vida
La Policía Nacional Civil capturó en Ciudad Arce, La Libertad Centro, a José María Aguilar Cortez, de 41 años, señalado de atacar con un corvo a un vecino y provocarle una lesión en un brazo. Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando Aguilar Cortez agredía a su compañera de vida: el vecino escuchó el alboroto, se acercó e intervino para defenderla, y fue entonces cuando recibió el ataque.
El detenido fue interceptado en ese distrito. No se han divulgado la identidad del vecino ni la de la mujer, ni el centro al que pudo haber sido trasladado el lesionado. La versión oficial ubica la agresión en La Libertad Centro y la captura en Ciudad Arce.
Aguilar Cortez tiene antecedentes por amenazas en 2008, lesiones en 2011 y 2020, y lesiones agravadas en 2012. En este caso será remitido por lesiones agravadas. También se evalúa sumarle violencia intrafamiliar en perjuicio de su compañera de vida. El proceso queda en manos de la Fiscalía.
