Judicial
Hasta 60 años pasarán tras las rejas los cabecillas de pandillas en El Salvador
Para continuar con el combate de las pandillas y a propuesta del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aumentó las penas carcelarias en contra de los cabecillas de las estructuras delincuenciales y reguló los procedimientos judiciales de los más de 71, 000 pandilleros capturados con el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022.
Con los votos favorables de Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y los tres diputados disidentes de ARENA, el pleno incorporó el artículo 2-A en la Ley Contra el Crimen Organizado, para aumentar de 45 a 60 años la pena carcelaria en contra de los cabecillas de las pandillas, por su calidad de autores mediatos de delitos de realización compleja como el homicidio simple o agravado, secuestro y extorsión.
Los cambios en el cuerpo de ley no fueron respaldados por las fracciones legislativas del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo (que votaron en contra), ni de ARENA (que no votó). Los cuatro partidos de oposición suman 16 de los 84 votos del pleno legislativo. En ocasiones anteriores, también se han opuesto a dar sus votos para financiar programas o acciones para el combate de las pandillas, como el Plan Control Territorial (PCT).
Previo a la votación en el pleno legislativo, la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa recibió al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado y al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quienes se mostraron a favor de las reformas para endurecer las condenas carcelarias.
«Pretendemos que la causal de ser cabecilla sea suficiente para incrementar un tercio de la pena. Por ejemplo, si la condena máxima por agrupaciones ilícitas es de 45 años aumentaría a 60 para los cabecillas», dijo el ministro Villatoro en su comparecencia a la comisión de seguridad.
Las reformas también incorporaron el artículo 4-A para que la Fiscalía General de la República (FGR) haga uso de las nuevas tecnologías para presentar, mediante cualquier soporte electrónico, las solicitudes y documentación de procesos penales contra los pandilleros ante las sedes judiciales del país.
De igual manera, con la reforma de ley crearon el artículo 5-A para que la Policía Nacional Civil (PNC), bajo la supervisión de la FGR, se auxilie de colaboradores nacionales o extranjeros para que participen en operaciones encubiertas para lograr la captura de quienes cometan delitos de realización compleja.
Para garantizarles su integridad física y personal, la identidad de dichos colaboradores, así como la información del inicio de la investigación, se mantendrá en reserva en la Fiscalía Adjunta Contra el Crimen Organizado y la Corrupción de la FGR, según establece el inciso segundo del artículo 5-A.
Además de aumentar las penas carcelarias, la Asamblea Legislativa también aprobó las disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de los capturados con el régimen de excepción. «Las detenciones están en control judicial, pero no contamos con las herramientas para agilizar la fase de instrucción; sin embargo, ahora las tendremos. Con esta iniciativa, los criminales serán juzgados por clicas, es decir, de la forma en la que se organizaban para delinquir en los territorios», explicó Villatoro en la comisión de seguridad pública de la Asamblea.
Con la reforma, la FGR realizará procedimientos transicionales que incluye la agrupación de los imputados por estructura delictiva, presentar las pruebas de forma ordenada y agrupar a las pandillas por células, según establecen los artículos 2 y 3 de las disposiciones. Por esta iniciativa también votaron en contra los grupos parlamentarios del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo, mientras que ARENA no votó.
En cambio, Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y los tres diputados disidentes de ARENA votaron a favor. Los diputados de la bancada cian recordaron que el año pasado también aprobaron reformas de ley presentadas por el Ejecutivo para robustecer el sistema judicial y combatir a las pandillas.
A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.
El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.
La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.
El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.
Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.
La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.
El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.
Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).
La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.
Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
